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Jueces y fiscales en Ecuador, ¿el nuevo objetivo del crimen organizado?

Los magistrados con resguardo policial en Ecuador se han duplicado a nivel nacional; de 11 pasaron a 22 en lo que va del año


20 sep 2022 , 09:04

La crisis de seguridad que vive Ecuador sigue escalando. Es que la violencia de las calles también ha alcanzado a los funcionarios judiciales. Así, un nuevo hecho se registró este lunes 19 de septiembre de 2022, el fiscal Édgar Escobar, fue asesinado en las afueras de la Fiscalía de la Merced, en Guayaquil. En la escena del crimen agentes encontraron, al menos, siete restos de bala.

Esta realidad parece una tendencia que va en aumento en el país, pues durante el año anterior, según la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ) no se registraron asesinatos en contra de magistrados, lo que sí se presentaron fueron amenazas.

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Pero este año la situación es diferente, entre enero y septiembre de 2022, al menos, tres fiscales han sido asesinados, además, de un exfiscal, mientras que otros han recibido atentados en su contra.

Un hecho similar se registró el pasado 16 agosto en Babahoyo, en Los Ríos, el fiscal Federico Estrella fue asesinado cuando intentaba guardar su vehículo en el garaje de su casa. Tan solo días después, el pasado 25 de agosto de 2022, Nelson Yánez fue interceptado por sicarios afuera de su vivienda.

Mientras que, meses antes, el pasado 26 de mayo de 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su acompañante fueron acribillados en Manta. De hecho, según las investigaciones Delgado habría sido perseguida por sus victimarios por lo menos durante un mes.

Mensaje del crimen organizado

Sobre la persecución que existe en contra de los magistrados la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, dio una rueda de prensa en la que aseguró que, "la función judicial está en emergencia (...) Estamos viviendo un azote social del crimen organizado", dijo.

En la misma línea, el portal especializado InSight Crime explica que los ataques ocurridos en Ecuador constituye otro ejemplo de cómo los grupos criminales están repitiendo las tácticas extremas de sus pares en toda la Región, "el asesinato de jueces y fiscales por parte de grupos criminales se asemeja más a los brutales asesinatos políticos que se han conocido en Colombia y México".

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Por su parte, Gallardo añadió que el asesinato del fiscal Escobar era "un mensaje claro del crimen organizado". Además, manifestó que ya ha solicitado al Consejo de la Judicatura y a la presidencia de la República, la declaratoria de emergencia a la función judicial, así como "teletrabajo a todos los jueces en materia penal hasta que existan las condiciones de seguridad".

Funcionarios judiciales ¿quién los protege?

En una rueda de prensa la directora provincial de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, detalló que los fiscales y jueces tienen un procedimiento para pedir resguardo policial en casos especiales, y mencionó que, en Guayas, entre cinco y ocho jueces tienen esta seguridad.

Pero ¿cuánto tiempo toma obtener resguardo policial? Heidy Borja, presidenta del Núcleo Guayas de la AEMAJ, explica que como rápido las solicitudes pueden demorar en tramitarse dos semanas, sin embargo, ante las amenazas, la Asociación propone que el informe de perfil y análisis de riesgo no tome más de 24 horas, "debería ser una respuesta inmediata para tener las medidas de seguridad idóneas".

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Por otro lado, Borja expone que debido a la violencia creciente los magistrados con resguardo policial en el país se han duplicado; de 11 pasaron a 22 en lo que va del año, pero no es suficiente, asegura, "las autoridades no están dando la protección adecuada".

El pasado 11 de julio en una entrevista con este medio el juez Esteban Calderón, de la AEMJ, dijo que "los juzgadores están expuestos a este tipo de amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia".

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De acuerdo, al magistrado no existe un protocolo para la protección de jueces, "hemos pedido al ministerio del Interior, la comandancia de la Policía y a todas las entidades de seguridad que se establezcan mecanismos necesarios para garantizar su seguridad", lamentó en ese entonces.

"La función judicial está en emergencia (...) Estamos viviendo un azote social del crimen organizado", dijo la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo.