La insólita historia de un narcotraficante ecuatoriano que obtuvo contrato con la Policía y que en el país nadie lo investiga

El nombre de Enrique Antonio Portocarrero Castillo alcanzó los titulares de la prensa ecuatoriana, en 2022, cuando fue detenido en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, por el supuesto delito de narcotráfico.

En el país ya tenía un amplio repertorio de procesos judiciales en su contra, de hecho, en 2012 fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato, además, su carpeta delictiva tiene otros antecedentes por plagio, tenencia de armas, rapto, asociación ilícita, pero en Ecuador no era investigado por tráfico de drogas.

LEA: Portocarrero habría sido investigado por la UAFE desde 2019

Pese a estar detenido, Portocarrero o como también es conocido alias Chugo Porto, sigue presente en Esmeraldas, al menos, así lo evidencia un video difundido tras la masacre registrada en el puerto pesquero, donde hombres que se adjudican la matanza expresaron: "Lo ocurrido hoy es un mensaje para el señor Zapatón, Chugo Porto, y la banda de Los Patones, los cuales operan desde el puerto y el coronel Buitrón tiene conocimiento de eso".

Lo cierto es que ni su pasado delictivo, ni las investigaciones internacionales en su contra impidieron que formara un entramado empresarial entre compañías de belleza y transporte de carga pesada. Pero, no fue todo lo que pudo hacer en el país, en abril de 2022, Portocarrero obtuvo un contrato con el mismo Estado, en concreto, con la Policía de Atacames, en la provincia verde. ​​​​​​Aquí la historia.

Portocarrero todavía es proveedor habilitado del Estado, así consta en el Portal de Compras Públicas (Sercop), lo es desde el 6 de marzo de 2022, un mes antes de que le sea adjudicado su primer y único contrato.

Según el ACTA No. 2022-011-DA-SZ-E fue la misma Policía que convocó a Portocarrero para que participara para el abastecimiento de gasolina a vehículos del Distrito de Atacames. El servicio debía darse por un tiempo de 240 días, es decir, por siete meses.

"Nos comprometemos con el comando provincial de la Policía de Esmeraldas No.8 a prestar todos nuestros servicios para brindar suficiente abastecimiento de combustible a todas sus unidades en operación", escribió el mismo Portocarrero mediante una carta que esta subida en el Portal como parte del proceso.

De hecho, fue el único oferente que presentó una propuesta. El contrato fue firmado por el coronel de la Policía, Luis Mantilla Gallardo, entonces comandante subrogante y delegado como máxima autoridad para compras públicas de la Sub Zona Esmeraldas, pues Javier Buitrón se encontraba de vacaciones. Mantilla estuvo en el cargo por 40 días.

Este medio solicitó una entrevista con Mantilla, quien en la actualidad ya no tiene el mismo puesto, ahora, es coordinador operacional de Fuerzas Armadas. Él asegura que la invitación sí se hizo a otros proveedores, "lamentablemente nadie de las gasolineras en la parte local, provincial y nacional quisieron participar de este proceso y se declaró desierto".

Esa fue la razón, señala, para que se abriera otro proceso de menor cuantía para la invitación de gasolineras, en Atacames, donde según él solo existen dos estaciones: "Petroecuador que no quiso participar y Terpel (de Portocarrero)", nombra. Fue así que la comisión encargada de verificar que el proveedor cumpla con los requisitos de Sercop, dio luz verde para que se convoque a Portocarrero.

El 12 de abril de 2022, Mantilla resolvió aprobar el contenido del Acta de Calificación, "así como toda la documentación que sirvió de sustento para la habilitación y calificación del oferente", detallan los documentos.

Finalmente, el contrato fue firmado por ambas partes el 20 abril de 2022, por la suma de 25.000 dólares, más IVA, siete meses antes de que Portocarrero fuese detenido en el exterior.

Mantilla defiende su resolución diciendo que el ente encargado de calificar a los proveedores del Estado es el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop); "en ningún momento hay una causal que diga que tener antecedentes judiciales es una inhabilitante".

Además, según Mantilla, el 29 de mayo de 2017, Portocarrero fue declarado inocente en el proceso por asesinato que pesaba en su contra. De hecho, dice que, incluso, "la gasolinera sigue funcionando".

Aquí, vale preguntarse, ¿por qué este negocio es importante para el crimen organizado? Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, existen tres razones: primero, porque la gasolina es usada como uno de los precursores para quemar cocaína.

El segundo factor podría servir para abastecer a embarcaciones en altamar, buques, o a narcoavionetas. La ubicación de la provincia de Esmeraldas es clave, en ese sentido, porque su Puerto Principal es el más cercano a Colombia. El tercer punto, menciona Pazmiño, es para el lavado de dinero, "una gasolinera siempre será importante para el crimen organizado".

Retomando la línea de tiempo, en noviembre de 2022, cuando detuvieron a Portocarrero, en España, se dijo que la operación trasnacional con la cooperación de la Policía ecuatoriana y la de otros países, entonces, ¿por qué no estaba bajo el radar de los agentes de Esmeraldas?

Mantilla refuta que "toda investigación es reservada (...) nosotros no tenemos acceso a esa información". Y, apunta a que es necesario que los filtros de Sercop sean más rigurosos y se coteje datos con otras instituciones como: la UAFE, pero ¿eso ya no se hace?

Lo cierto es que la Ley no le jugó en contra a alias Chugo Porto, ya que según la norma si no tiene una sentencia ejecutoriada, como es su caso, sí podía ser proveedor del Estado.

Así lo explicó en una entrevista María Sara Jijón, entonces, directora General de Sercop, a quien se le preguntó si una persona con antecedentes por asesinato podía ser proveedor: "si tienen una sentencia ejecutoriada no pueden ser proveedores del Estado, pero de esto nos tienen que informar los jueces".

Entre los requisitos para una persona pueda registrarse como proveedor, explica, "hay un filtro previo que es el Servicio de Rentas Internas (SRI) que otorga el RUC".

Además, si es observado por una entidad como la UAFE, ésta es la encargada de informar a Sercop, dijo la directora y agregó que debe ser un "intercambio de información oportuna". Un proceso que claramente no se dio, pues este medio conoció que desde 2019, la UAFE tenía bajo la lupa a Portocarrero, al estar observado como "persona de alto riesgo financiero".

Ecuavisa.com solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre si existe, en Ecuador, un proceso abierto en contra de Portocarrero o si se indaga sus bienes, la respuesta fue que no, aquí en el país ninguna autoridad lo investiga.