Invierno en Ecuador: ¿Los cantones afectados se prepararon antes de las lluvias?

18 vidas se han perdido a causa de las lluvias e inundaciones en lo que va del 2025 en Ecuador, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El más reciente hecho ocurrió en Cayambe, cantón de la provincia de Pichincha, donde la emergencia dejó además 31 heridos.

Otro sitio que se convirtió en punto de tragedia fue el cantón Piñas, en El Oro. Allí las precipitaciones causaron el desbordamiento de unas quebradas causando el colapso de al menos 10 casas, vías y que dos personas fallecieran y 400 fueran evacuadas.

Mientras que en la provincia de Manabí, los habitantes de las zonas rurales de Portoviejo, Rocafuerte y Calceta, caminan con el agua hasta las rodillas y sacan sus pertenencias como electrodomésticos en canoas.

En esta provincia, suman 2 461 hectáreas de cultivos destruidas por la acumulación de agua debido al desbordamiento de los ríos. Si bien los estragos que puede ocasionar el invierno no se puede prevenir, sí se puede mitigar con algunas acciones preventivas.

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La investigadora y docente María del Pilar Cornejo, de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la ESPOL, indicó a Ecuavisa.com que cada gobierno local debe presentar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En dicho documento, dijo, debe constar una evaluación del riesgo de desastre, identificar las zonas que tendrían problemas para luego aplicar técnicas acorde al tipo de suelo y problema.

¿Pero los gobiernos locales o provinciales afectados se prepararon? Ecuavisa.com revisó el portal de compras públicas Sercop, para constatar procesos adjudicados en obras relacionadas a la etapa invernal.

En el caso de la provincia de Manabí, según consta en el Sercop, la Prefectura registró en 2024 dos procesos. Uno es la construcción de un puente bailey sobre el río Jama por USD 1.2 millones, en mayo. La obra está en ejecución de contrato.

En julio, subió el proceso para la limpieza, desazolve, reconformación de taludes y protección de muros del río Chone, que se desbordó el 3 de marzo del 2025. La obra se encuentra en ejecución de contrato y el costo que se reporta es por USD 5.5 millones.

Por cantones, el municipio de Rocafuerte adjudicó en septiembre del 2024 la fiscalización de la construcción de la ampliación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial por USD 107 884. En agosto en cambio, adjudicó la construcción la construcción de la ampliación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial por USD 2.5 millones.

En Portoviejo, el Municipio adjudicó la adquisición de una volqueta para completar los trabajos de mantenimiento vial y preventivos a la estación invernal por USD 113 853. El contrato se adjudicó en noviembre del 2024.

Calceta es otra localidad manabita afectada por las lluvias. Aquí, las autoridades locales adjudicaron en junio de 2024, el alquiler por horas de maquinaria para la reapertura de vías en las parroquias rulaes Quiroga, Membrillo y Calceta. Así como acciones de mitigación de efectos por presencia del fenómeno del niño por USD 219 602. El proceso está en la etapa de adjudicación de contrato.

En la provincia orense, según consta en el portal de Sercop, consta la ejecución de un contrato por USD 498 442 en noviembre de 2024. Se trata de un estudio integral y diseño definitivo para la rehabilitación de sistemas de riego y drenaje, que permitan el control de inundaciones y optimizar la distribución de agua.

Adjudicó también un contrato por USD 470 972 en septiembre para el suministro de piedra escollera para protección y control de inundaciones en sistemas de riego y drenaje en la provincia. Así mismo, se contrató el alquiler de maquinaria para encauzamiento, reforzamiento de muros, limpieza y desazolve de ríos, quebradas y canales por USD 400 000. Un proceso que fue adjudicado en octubre para disminuir los riesgos de inundación.

Las obras antes mencionadas, se refieren a maquinaria y limpieza. Para la investigadora María del Pilar Cornejo, este tipo de contrataciones respondería a tamaño del municipio, la cantidad de habitantes y las rentas que recibe. Esto influiría en el presupuesto con el que cuenta ante una emergencia.

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Entre las zonas afectadas, consta el cantón Piñas, en El Oro. En esa localidad, según el Sercop, el 24 de febrero de 2025 se entregó la propuesta para el alquiler de maquinaria para trabajos preventivos y correctivos en la etapa invernal por USD 105 047. Previo a esto, en diciembre de 2024, se adjudicó la construcción de obras de protección en el río Piñas por USD 51 592.

En noviembre, se contrató el alquiler de maquinaria y vehículos para limpieza y desazolve, además de mantenimiento de calles por USD 79 700. Un contrato que ya finalizó. Un contrato similar se adjudicó y finalizó en enero de 2024, por USD 28 016.

Respecto al ordenamiento territorial que mencionaba la docente de la Espol María del Pilar Cornejo, en Piñas se contrató una consultoría para la actualización del plan 2023 - 2027 en mayo pasado por USD 49 917.

En entrevista para Ecuavisa.com, la alcaldesa de Piñas Teresa Feijóo indicó que declararon la emergencia en el cantón del 28 de febrero del 2025, cuatro días antes del aluvión. Dijo que se tomó la decisión por la situación que venían enfrentando y que se limitaba el accionar con la maquinaria disponible.

Relató que fueron taludes, quebradas y alcantarillas que colapsaron por las lluvias que cayeron en esos días, causando la "enorme afectación". Feijóo señaló que el 5 de marzo, ocurrió un problema similar en la parroquia Capiro que abarca 10 comunidades.

Allí la situación es más grave advirtió, porque no han podido restablecer la conectividad en dos comunidades. Una de ellas tiene 15 días sin agua y luz. Por eso, elevaron el pedido de ayuda a la Gobernación para ir en helicóptero a entregar ayudar humanitaria.

Feijóo señaló que desde 2024 han ejecutado algunas acciones preventivas como el desazolve de quebradas, limpieza de cunetas y alcantarillas. Por eso, puntualizó que la tragedia "no se debió a la falta de limpieza".

Sobre el ordenamiento territorial, la alcaldesa Feijóo dijo que han realizado mesas de trabajo para analizar las zonas de riesgo. Indicó que en 2012 ya ocurrió una situación similar y que en su momento, se dijo que el Gobierno iba a dar vivienda y solucionar la transportación de la gente en zonas de riesgos.

Añadió que en los dos años que lleva su administración, no han permitido que familias o fábricas se instalen en puntos vulnerables como quebradas o cerca de ríos. Y que los inmuebles instalados, pudo haber sido una irresponsabilidad en departamentos de planificación de antes.

Además de las obras de limpieza y el tema del ordenamiento territorial, la investigadora María del Pilar Cornejo apunta a que falta concientización en la población para que evite asentarse en sitios irregulares o donde se corre riesgo ante un factor climático. Así mismo, señaló que los departamentos de gestión de riesgo deben hacer revisiones periódicas de quebradas, ríos, entre otras zonas, para actuar a tiempo ante un eventual bloqueo que pueda causar un desbordamiento o tener tiempo de hacer un proceso de contratación.

Cornejo también se refirió en cuanto a los recursos que manejan los municipios. Comentó que si hay municipios pequeños que no pueden tener una unidad de gestión de riesgos, deberían aprovechar la figura de la mancomunidad para trabajar con Gobiernos Autónomos Descentralizados vecinos.

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