Fútbol en la mira: el control económico en equipos de Segunda Categoría tiene cinco falencias

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, han señalado un "nuevo" frente utilizado por las organizaciones criminales para el lavado de dinero: el fútbol. En este contexto, el diplomático destacó la figura de los testaferros, "usando algunos equipos para lavar su cara y su plata".

No es la primera vez que el fútbol está bajo la lupa. No por casualidad, este año, mediante una reforma legal, se incluyó a los clubes como sujetos que deben reportar a la Unidad de análisis Financiero y Económico (UAFE). Desde este mes, los equipos de la serie A y B deben obtener su código de registro, ya que a partir de enero de 2024 deberán que reportar todos los meses sus transacciones.

Aunque, aquello supone un avance, expertos en la materia sostienen que no será suficiente, pues señalan que la falta de transparencia complica el control casa adentro. Además, si entre este grupo existen sospechas, ¿qué pasa con el control económico de aquellos que pertenecen a Segunda Categoría?

Si en los 26 equipos de la Serie A y B se sospecha de ciertas irregularidades, y ahora, al menos, rendirán cuentas ante la UAFE, surge la interrogante de qué sucede en el 'submundo del fútbol'. En otras palabras, cómo se realiza el control económico para aquellos que forman parte de la Segunda Categoría.

Sobre todo, porque en los últimos años se ha observado un notable incremento en la creación de clubes. Por ejemplo, en el Campeonato de Fútbol de Segunda Categoría de 2020 participaron 111 equipos de 22 provincias. Al año siguiente, la cifra ascendió a 161, y en 2022 se registraron 178. En este periodo, el número incrementó a 241, evidenciando así que se ha duplicado en tan solo tres años.

Para el abogado especializado en derecho deportivo, David Norero, se trata de un aumento exponencial. En ese sentido, cuestiona: "¿De dónde está saliendo el dinero?". Además, advierte algunas posibilidades: "Puede provenir de lavado de dinero, de evasión tributaria o corrupción política".

Para José Miguel Mosquera, abogado y expresidente de la Comisión de Arbitraje de la FEF, a diferencia de lo que indican los datos, no observa un aumento significativo en la creación de clubes en esta categoría. En su experiencia, "no hay mucha creación de nuevos clubes profesionales porque las asociaciones se están blindando mucho y no hay mucha cabida para nuevos clubes".

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El candado de las asociaciones respondería a dos motivos, según su visión: "Ya sea por decisión propia o porque el valor para ingresar a una asociación es muy alto". Mosquera explica que el monto depende del contexto; por ejemplo, en la asociación en Guayas podría costar USD 20 000, mientras que en otras más pequeñas, la cifra podría ser de USD 10 000.

Entonces, hay más preguntas: ¿Cómo se hace el control económico en la actualidad?, y ¿qué irregularidades existen?

Mosquera dice que el control debería estar enfocado no tanto en la creación, si no en la venta o alquiler de los clubes, "lo que hacen es un cambio en la razón social, el nombre, administrativo, agregar la inclusión o exclusión de socios".

Otro escenario identificado es la existencia de socios que pertenecen a más de un club dedicado a la misma actividad: "Para esos casos, en la práctica no hay cómo vigilarlo porque no existe una base de datos con la cual cruzar esta información", denuncia.

Aunque, entre los requisitos de formación, los equipos declaran sobre la veracidad de la información. De acuerdo, a Mosquera hace falta la realización de inspecciones in situ para verificar la existencia de los complejos ya sean propios o alquilados.

Otras particularidades que destacan en los últimos años es la presencia de jugadores profesionales que deciden jugar torneos de Segunda Categoría y no en la Serie B:

Hay algunos casos. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el delantero uruguayo Jonatan Álvez fue presentado oficialmente en el equipo Naranja Mekánica, donde además juegan otros futbolistas como el arquero Máximo Banguera.

Otra falencia, según Mosquera, es el pago en efectivo que sigue siendo una práctica común. En cambio, sugiere que se debería exigir la bancarización de los pagos y la obligatoriedad de que los jugadores tengan una cuenta bancaria: "Dejar de permitir, tal cual lo exige el SRI, los pagos en efectivo o certificación de jugadores que dicen que han recibido el dinero o copia de los cheques, si no transferencias únicamente a la cuenta del jugador".

Esta medida, afirma, facilitaría el cruce de información, permitiendo a la UAFE y al SRI hacer un seguimiento más efectivo de los ingresos y egresos, así como determinar el origen del dinero.

Sin embargo, existen aún más desafíos en la supervisión de las cuentas de los equipos de Segunda Categoría. Mosquera también señala la gestión de los clubes, indicando que en la actualidad, "especialmente en esta categoría, se lleva a cabo como persona natural; es poco común que los clubes tengan una cuenta propia y, por lo general, emiten cheques a nombre de un presidente o directivo".

Un paso significativo sería la implementación del proyecto para las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que aún está pendiente de concretarse.

Frente a estos 'agujeros negros' en el control financiero, el abogado Norero enfatiza que es responsabilidad de la FEF ejercer un seguimiento riguroso para garantizar la transparencia en la gestión de los torneos: "Todas las asociaciones deben ser registradas a través de la FEF (...) Es importante vigilar cuáles son los ingresos económicos que han tenido para formarse y crear esos clubes".

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Asimismo, añade que tras las declaraciones del embajador, el presidente Daniel Noboa debería ordenar a través del ministerio del Deporte una auditoría: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) podría se auditado por Contraloría General del Estado o por el Servicio de Rentas Internas".

Lo cierto es que los primeros indicios de que el fútbol podría prestarse para negocios ilícitos fueron identificados por las autoridades ecuatorianas hace aproximadamente ocho años.

Así lo reconoció el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Roberto Andrade, en el programa Contacto Directo. "Esto empezó a raíz de los escándalos de la FIFA. Hay un caso ligado a Ecuador y una condena por lavado de activos de la FEF".

Tras el escándalo internacional llamado 'FIFAGate' en 2016, los equipos de fútbol fueron considerados sectores de riesgo. De hecho, en noviembre de ese año, Luis Chiriboga, expresidente de la FEF, fue sentenciado a 10 años de prisión como coautor de lavado de activos.

"No es sorpresa que esto pase en el fútbol ecuatoriano porque los organismos de control son muy débiles y no están entrelazados", señala el abogado especializado en derecho deportivo, David Norero, al referirse al antecedente en el país.

Sobre las declaraciones del embajador Fitzpatrick, Norero, dice que hay tres puntos principales que salpican al fútbol: el testaferrismo, las agencias de publicidad y el lavado de dinero.

En el primer punto, dice Norero, el testaferrismo está presente en muchas ocasiones, como figura para evadir demandas laborales u otras de índole similar. Su propósito radica en evitar que "se le impida al representante del equipo de fútbol una prohibición de salida del país, con ello se hace este ocultamiento".

Asimismo, señala que la falta de transparencia es una problemática arraigada en el fútbol ecuatoriano, no solo en relación con la identidad de los verdaderos dueños, sino también en lo que respecta a la gestión de las cuentas.

Según Norero, la mayoría de los clubes gestionan sus recursos mediante fideicomisos. Dado que estos fideicomisos son patrimonios autónomos, están protegidos contra embargos y demandas de tercero: "Es importante que los equipos de fútbol tengan los bienes a nombre de la institución y no a nombre de un fideicomiso o un tercero".

Sobre el lavado de activos, el abogado pone sobre la mesa el riesgo de las empresas de pronósticos deportivos y alerta que "es peligroso cuando el fútbol ecuatoriano es auspiciado por marcas que no tienen RUC, que no se conoce sus representantes legales y auspician con millones de dólares. Cuando se pregunta cómo se realizó el pago, la respuesta es a través de una agencia publicitaria", cuestiona.