En siete años solo el 40% de los casos de femicidio en Ecuador han recibido sentencia

Han pasado casi 10 meses desde que Lisbeth Baquerizo fue asesinada en su domicilio en Guayaquil, el pasado 21 de diciembre de 2020. Desde entonces, su madre Kathy Muñoz y sus familiares han realizado plantones, marchas, campaña en redes sociales, todo, para obtener justicia que hasta ahora ha llegado a cuenta gotas.

La muerte de Lisbeth retrata el viacrucis que deben atravesar los familiares de las víctimas, es que lograr que el caso tome visibilidad es uno de los requisitos para presionar a que los procesos judiciales avancen, pero ¿y los demás?

Desde 2014 en Ecuador se han registrado 486 casos de la mayor expresión de violencia contra la mujer. De esos solo el 40% ha recibido una sentencia (condenatoria o ratificación de inocencia), es decir, más de la mitad de los casos sigue aún sin resolverse. Mientras que entre femicidios y muertes violentas contra mujeres se registran 1.146 casos.

Aquellas cifras figuran en la plataforma on-line, femicidios.ec presentada el pasado 4 de agosto, por el Consejo de la Judicatura datos estadísticos sobre femicidios y todas las muertes violentas de mujeres y sus procesos judiciales, desde el año 2014.

Para la presidenta de la Judicatura, María Del Carmen Maldonado, en una entrevista con Ecuavisa.com dijo que "no son solo cifras, sino vidas humanas que se han perdido y los datos sirven para hacer una política pública de prevención adecuada”.

Según datos de los colectivos de mujeres, más del 90% de la mujeres que han perdido la vida tenían boleta de auxilio, pero el Estado no las pudo proteger.

Ante ello, Maldonado explica que se han entregado medidas de protección, “2.800 víctimas que han sido salvadas de la muerte o de un maltrato adicional. Tenemos un problema de índole social, individual, cultural. Muchas mujeres, incluso, con medidas de protección que aceptan reanudar la relación con el agresor, ahí el Estado no puede entrar a la esfera privada de decisión de la persona”.

Maldonado cree que las políticas públicas tienen que ser en todos los niveles. “La importancia de que la mujer pueda acceder a medios propios de subsistencia de ella y de sus hijos (...) para vivir alejadas de un círculo de violencia que generalmente acaba en delitos sexuales y delitos contra la vida”, afirma.

Los pendientes del Estado

Para Geraldine Guerra, representante de "Alianza Mapeo Femicidio" , es la primera vez que se transparentan las cifras sobre los procesos judiciales en relación a las víctimas de femicidio en el país.

El proceso para obtener respuestas por parte del Estado, puede ser descrito como “un calvario”, dice, es que uno de los nudos críticos dentro del sistema judicial para una víctima de violencia son los tiempos procesales , “cuando una persona es víctima de femicidio , además, se afecta todo el conjunto familiar de esa persona, la justicia debe reparar y dar un acompañamiento y una búsqueda incesante para que se acceda a la justicia ”.

En ese sentido, recuerda el caso de Adriana Camacho, quien fue asesinada junto a su hijo de cinco años el pasado 24 de febrero de 2020. Nueve veces fueron canceladas las audiencias, su madre Patricia Bermúdez, pasó más de 334 días sumida en un proceso judicial que la obligaba a recordar continuamente lo sucedido.

Frente a ello, María del Carmen Maldonado, explica que “se está trabajando para evitar esto dentro de los procesos judiciales”. Además, dice que es importante que en cada indicio de corrupción se realice una denuncia.

“En el caso de que los servidores, ya sean jueces, fiscales o servidores administrativos, no tengan un adecuado accionar, luego de esto. Cuando nosotros nos hemos percatado a través de los medios de comunicación, como en el caso de Lisbet Baquerizo, de que los padres de la víctima pedían que sea un sorteo público, lo dispusimos e investigamos a los funcionarios que tengan alguna mala práctica”.

Hasta al momento se han sancionado 54 operadores de justicia solo en casos relacionados con violencia.

Por su parte, Guerra añade que otro de los problemas es que los jueces no aplican el Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, al cual Ecuador está adscrito, “nos dice que toda investigación de muerte violenta debe iniciar como femicidio y luego descartar, aquí sucede al revés primero es por asesinato y luego cambian el tipo penal”.