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Ecuador ha gastado USD 127 millones en consultas populares y referéndums desde 2018 para alejarse del modelo correísta
Lenín Moreno, Guillermo Lasso y hoy, Daniel Noboa, han optado por el respaldo ciudadano para intentar cambiar la lógica política y económica del Estado.
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Imagen referencial de un proceso electoral. ( )
Cuatro procesos de consulta popular y referéndum ha tenido el país desde el 2018 para reformar, con apoyo popular, la Constitución instaurada por el correísmo desde el 2008. En total, estos procesos han costado cerca de USD 127 millones.
En febrero de 2018, Lenín Moreno tuvo un presupuesto de USD 48,2 millones para el proceso en el que se votó sobre cinco preguntas de referéndum y dos de consulta popular.
Su propuesta tuvo 67,65 % de respaldo, con lo que fueron aprobadas todas las preguntas, que abordaron temas de corrupción, alternabilidad, reestructuración del Cpccs, protección a menores de edad ante abusos sexuales y extractivismo.
Guillermo Lasso tuvo dos procesos; el primero en febrero de 2023, que contó con un presupuesto de USD 17,7 millones, ya que se sumó a las elecciones seccionales. Luego, en agosto del mismo año, sumó dos preguntas de consulta popular a la segunda vuelta electoral, para lo que contó con USD 2,4 millones.
Los resultados no fueron los esperados por el Ejecutivo. En el primer intento, el No ganó en ocho preguntas del referéndum.
En abril, el Gobierno tuvo que incluir dos preguntas de iniciativa ciudadana, una para proteger el Chocó Andino de la minería metálica y sobre mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní, que estaba suspendida porque el correísmo no dejó que avance. En esta ocasión, la mayoría optó por el Sí.
En abril de 2024, Daniel Noboa hizo seis preguntas de consulta popular y cinco de referéndum, en un proceso que costó USD 60,02 millones.
Ganó en nueve de las 11 preguntas, presentando oposición en las concernientes a arbitraje internacional y trabajo por horas.
Alejarse del modelo correísta, el común denominador
En los últimos procesos de consulta popular y referéndum se abordó temas de seguridad, finanzas, organización política, extractivismo, trabajo por horas, casinos, extradición, entre otros. El objetivo, para el analista político Cristian Carpio, fue distanciarse del correísmo y cambiar la lógica política y económica del Estado.
"Todos estos procesos tienen un común denominador: en su momento quisieron dar un mensaje y enterrar a un modelo correísta, pero también a una estructura política correísta", señaló Carpio.
Moreno, por ejemplo, modificó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a la par de avanzar en un proceso de liberalización económica con el FMI. Guillermo Lasso, mientras tanto, trató con temas a los que el correísmo se oponía, como extradición, trabajo por horas y arbitraje internacional.
En el proceso actual, impulsado por el presidente Noboa, también se pretende cambiar la "lógica correísta" en temas como el financiamiento a partidos políticos y la instalación de bases militares extranjeras, a lo que podría sumarse la apertura de casinos, la reducción del número de asambleístas y atribuciones del Cpccs.
El punto decisivo es la Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución que deje atrás la de Montecristi (2008).
¿La consulta popular y la Asamblea Constituyente de Noboa se contraponen?
En el intento de cambiar el modelo actual, Daniel Noboa estaría contraponiendo sus opciones, según el análisis del abogado constitucionalista José Chalco Salgado. Él señala que se trata de dos momentos distintos de modificación constitucional, por lo que considera fundamental "definir hacia dónde va el Estado".
El abogado asegura estar de acuerdo con la redacción de una nueva Constitución, pero considera que no es el momento, pues actualmente el Mandatario cuenta con el respaldo suficiente para modificar la Ley vía reforma constitucional, en el Legislativo.
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"Con los hoy existentes 77 votos de asambleístas, el Gobierno puede modificar vía reforma los temas puntuales de la Constitución. Puede eliminar el Consejo de participación, puede fortalecer a la Fiscalía General del Estado, puede blindar al Consejo de la Judicatura. Yo sí creo, estoy convencido de que hay una operación constitucional menos riesgosa que ir a las urnas en tres ocasiones", dijo José Chalco.
Noboa apunta a un mejor marco de institucionalidad
Por su parte, la analista política Andrea Grijalva considera que este es un momento decisivo para el Gobierno de Noboa, que empieza un nuevo periodo con oportunidades a largo plazo, incluso pensando en una reelección. Para ello, requiere instrumentos que le permitan gobernar.
Grijalva señala que, a diferencia de las consultas populares anteriores, en esta ocasión se busca reformular por completo los lineamientos del Estado. "(Daniel Noboa) necesita tener un mejor marco de institucionalidad para poder actuar y es por eso que ha señalado que la Constitución, tal como está ahora, no le permite", agrega.
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Las "barreras" en el tema de inversión extranjera y seguridad son dos de las prioridades que Noboa que se tratarían en una nueva Constituyente.
"Ahora, la Constitución que tenemos una Constitución del 'Buen Vivir', del socialismo del siglo XXI, de derechos de la naturaleza", señala la analista. Por ello resalta que esta será la mejor oportunidad para entender el modelo de país que busca Noboa.
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