Caso Apagón, la primera investigación de la Fiscalía que salpica a exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa

Ayer, 28 de agosto, la Fiscalía General del Estado realizó nuevos allanamientos, en el caso Apagón, al cumplirse un mes de los primeros operativos. Se trata de una investigación por presunto peculado en contratos de proyectos de generación eléctrica.

En julio, los allanamientos ocurrieron en domicilios y oficinas en Pichincha, Guayas y Bolívar. En esa ocasión fueron 20 allanamientos en domicilios y oficinas, incluso centrales termoeléctricas, vinculadas a los sospechosos. El Ministerio Público recabó indicios: 10 computadoras, 31 celulares, 18 USB, ocho discos duros, documentos, entre otros.

Ayer, fueron intervenidos 12 bienes inmuebles en Guayas y Pichincha, en específico, en Guayaquil, Quito y Samborondón.

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Entre las intervenciones, la Fiscalía y Policía llegó a una empresa y un estudio jurídico.

También se recabaron indicios: 12 teléfonos, ocho laptops, dispositivos de almacenamiento, documentos y más de USD 100 mil en efectivo.

En el caso se investiga la contratación de generación eléctrica entre la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, y Progen en 2024.

Según la Contraloría General del Estado, la adjudicación de los contratos dejó pérdidas para el Estado calculadas en USD 100 millones.

Entre los procesados hay al menos tres exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa, de alto rango. ¿Quiénes son?

Una propiedad del exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, fue allanada este 28 de agosto de 2025. Entre otros objetos, las autoridades incautaron su pasaporte.

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Goncalves asumió la cartera de Estado entre julio y octubre de 2024, tres meses marcados por la crisis eléctrica de Ecuador, debido al severo estiaje y a la incapacidad de respuesta del Gobierno para abastecer la demanda.

Llegó al Ministerio de Energía primero como asesor del entonces ministro encargado, Roberto Luque, actual titular del Ministerio de Transporte, desde mayo de ese mismo año.

Luque asumió en reemplazo de Andrea Arrobo, quien enfrentó la crisis energética de abril de 2024 y fue señalada por un supuesto sabotaje.

Al poco tiempo, Goncalves se convirtió en la mano derecha de Luque, hasta que finalmente asumió el Ministerio.

Ya en funciones, Antonio Goncalves tenía la tarea de evitar los apagones, a propósito del estiaje que los expertos alertaban que sería intenso. Sin embargo, el 18 de septiembre la crisis se desbordó y ocurrió un gran apagón nacional. Para finales de ese mes, la situación era insostenible y el Gobierno tuvo que establecer horarios programados de cortes de luz.

El contrato de Celec y Progen, observado por la Contraloría, fue suscrito en agosto de 2024, es decir, durante la administración de Goncalves. Sin embargo, fue un acuerdo ministerial suscrito por Luque el que permitió que exista contratación directa por parte de la empresa estatal.

Durante la administración de Luque, Rafael Quintero fue nombrado como Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, el 28 de mayo. Sin embargo, cuatro meses después, en septiembre, renunció, aduciendo razones personales.

En los allanamientos de ayer, Televistazo conoció que Quintero fue detenido en posesión de un arma no letal, cuya tenencia no pudo justificar.

El nombre de Fabián Calero apareció en la investigación del caso Apagón el mismo día en que la Fiscalía hizo los primeros allanamientos.

De los tres exfuncionarios de alto rango que están siendo investigados es el que más tiempo estuvo en cargo estratégico y jerárquicos durante el gobierno de Noboa.

Su trayectoria en el sector público comenzó en 2021 en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. En 2022 llega a Cenae como gerente nacional de Planeamiento Operativo.

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En 2023, Calero llega a Celec, donde desempeña ocho cargos de jefatura hasta llegar a ser gerente general subrogante en junio de 2024. En octubre de ese mismo año asume el Viceministerio que dejó Quintero, cargo que ocupó hasta julio del año en curso.

En todas sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado indica tener USD 6 100 y no tiene propiedades, ni vehículos, ni menaje de casa.

Calero dejó el Gobierno en medio de cuestionamientos por un informe de Contraloría que observa los contratos con Progen y Austral Technical Management (ATM), por irregularidades técnicas y un posible sobreprecio.

Calero alegó ante una comparecencia en la Asamblea que encargó la firma de los contratos a los gerentes de Termopichincha y Electroguayas.