Los problemas de los vecinos de la Cárcel del Encuentro: movilidad, seguridad y contaminación

Con absoluto hermetismo, 300 reos catalogados de alta peligrosidad fueron trasladados a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Su movilización fue el 10 de noviembre de 2025 tras la masacre en la cárcel de Machala.

Horas después de la movilización, el presidente Daniel Noboa admitió en una entrevista radial que la prisión no estaba completa. Dijo que la construcción iba al 35 %, 40 % y que en dos semanas avanzaría a un 80 %.

Ecuavisa.com acudió hasta la Península, donde se levanta la obra en un terreno de 16,2 hectáreas. Desde lejos, se observa en la cárcel una torre de control y bloques de celdas, en medio de un bosque. Pero según habitantes del sector, el centro penitenciario está en un área de conservación de 141 hectáreas.

En el perímetro, hay un canal de agua natural y una reja que separa la cárcel del camino que conecta las comunas Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico.

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Al pie de la cárcel hay maquinarias pesada, obreros y militares con fusiles. Toda esa zona es controlada por los uniformados, quienes requisan los vehículos y pasajeros que transitan por ese camino, así sean comuneros. Piden las cédulas y verifican la identidad, además de consultar a dónde se dirigen.

El equipo de Ecuavisa.com constató que aún no hay puerta de ingreso. La mañana del viernes 21 de noviembre de 2025, se construían los pilares. El muro del centro tiene aproximadamente dos metros de altura y es de roca.

Sobre la cárcel del Encuentro, desde el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) enviaron un audio vía Whatsapp para escuchar una sola vez. Se indicó que lo relacionado a ese centro, era manejado por la Presidencia o el Ministerio del Interior. Pero desde ambas entidades indican que la entidad encargada de las cárceles es el SNAI.

Justamente un día antes del traslado de reos, el ministro John Reimberg dijo a Televistazo que la cárcel del encuentro "ya estaba funcionando con todos sus equipos de seguridad".

"Está lista en un 100 % (...) es una cárcel que está trabajando, que está funcionando, que tiene la seguridad necesaria, por eso ya hemos trasladado a los más peligrosos delincuentes a esta cárcel, así que hoy está en funcionamiento y trabajando (...) obviamente es una cárcel que acaba de terminarse de construir, obviamente habrá que revisar, pues puede haber algún problema en algo", expresó Reimberg.

Por su parte, el Gobierno difundió videos sin audios y con tomas editadas del interior de la cárcel. En el recorrido salían los ministros de Defensa e Interior, por calles internas y de una de las edificaciones.

Así mismo, Noboa publicó fotografías de algunos reos trasladados como Jorge Glas, Pablo Muentes, alias Fede, Negro Tulio, entre otros. Los privados de libertad fueron rapados y obligados a usar uniforme naranja. Atrás de la foto del exvicepresidente sentenciado, estaban trabajadores cargando fierros y otros materiales de construcción, lo que generó las críticas justamente por la obra sin concluir.

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La cárcel del Encuentro está en medio de las comunas Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico. La primera tiene aproximadamente 5 000 habitantes, siendo el recinto Don Lucas el que limita con el reclusorio.

La segunda comuna hay 3 400 habitantes y su cotidianidad cambió por el paso constante de vehículos militares. De hecho, la casa Comunal donde se reúne la Asamblea, ahora tiene camas y fue transformada en un destacamento militar. Un morador señaló que las reuniones de la directiva de la comuna se realizan en la calle.

En Juntas del Pacífico, el Gobierno construyó aulas en la escuela Virgilio Torres. Se prometió una cancha sintética y un centro de salud como parte de obras complementarias a la cárcel. Sin embargo, hasta el viernes 21 de noviembre, atrás del plantel solo había un terreno aplanado y según moradores, no saben dónde se levantará el centro de salud que necesitan.

También mantienen el recelo de que con el traslado de reos, lleguen personas extrañas a querer asentarse en la comuna. O incluso, miembros de grupos delictivos a amedrentar. Por eso, en Juntas del Pacífico, el resguardo es constante.

Además de eso, en la zona agrícola no hay agua potable ni alcantarillado. Para las labores se usa agua recolectada del río Las Negras. No obstante, se estaría contaminando por aguas residuales que salen de una tubería de la cárcel.

Cuando recién se trasladaron a los presos, la comunidad más afectada fue el recinto Don Lucas donde habitan 15 familias. Ellos son parte de la comuna Bajada de Chanduy, y recurrieron a la justicia por la construcción de esta cárcel al considerar que fue erigida sobre un terreno que, según los pobladores, pertenece a la localidad. Por ello, han realizado algunos trámites para interponer una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una resolución.

Durante el recorrido del 21 de noviembre, la zona donde se acumularon las aguas residuales había sido tapada. Pero el afluente del cual los habitantes tomaban agua para los cultivos, los animales, lavar y bañarse, se contaminó y causó algunos problemas de salud.

Ángela fue una de las afectas. Sufrió erupciones en la piel luego de bañarse en el río. Desde entonces, los fines de semana ya no acuden a una cascada natural que se formaba en las inmediaciones de la zona.

Roberto, otro habitante de la zona, indicó que tienen el problema del agua desde que comenzó la construcción. Contó que fueron hasta la cárcel para hablar con los técnicos y exponer su queja por el problema de contaminación.

Según él, un equipo acudió hasta el recinto para tomar muestras del río contaminado, pero que hasta ahora, no tienen respuestas. "Nosotros cavábamos pozos para tener agua y usarla para beberla, bañarse, regar plantas. Ahora no podemos", expresó.

Guadalupe, quien también habita en el sector, pide a las autoridades que escuchen su denuncia y que tomen acciones para remediar el daño ambiental. "No podemos coger agua, está totalmente contaminado", dijo. Para poder cocinar, la comunidad debe comprar agua que es transportada en tres tanques azules por USD 10, desde Cerecita, en la parroquia Progreso de Guayaquil.

A eso se suman otras problemas como la movilidad. Así lo describieron los comuneros. Explicaron que el camino que conecta a Bajada de Chanduy con Juntas del Pacífico en 15 minutos, pasa al pie de la cárcel del Encuentro.

Por eso, desde el traslado de 300 reos, se prohibió temporalmente el paso de los comuneros. Eso hace que para llegar de una comuna a otra salgan a la vía a la Costa e ingresen por un desvío. Esa ruta les toma una hora aproximadamente.

En caso de que se les permita el paso por el camino, los militares tienen un doble control. Incluye, además de la fotografía de sus cédulas, la requisa del vehículo y sus pasajeros. Roberto contó que todos deben tener el documento y cuando van con sus hijos menores, representa un problema porque no tienen cédula. Así mismo, de noche, no pueden ir por dicha ruta.

Piden ser escuchados, que se busque una remediación al problema de agua. Esto mientras se mantiene el hermetismo alrededor de la cárcel del Encuentro, cuyo avance de construcción sigue generando dudas.

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