Afectados del Cristo del Consuelo siguen esperando la ayuda prometida

Han pasado más de 15 días desde que en la Calle 8, en el Cristo del Consuelo, una bomba dejara cinco personas fallecidas, casas destruidas y decenas de heridos, el pasado 14 de agosto.

Luego de la tragedia las autoridades hicieron promesas. Una de esas fue el anuncio de entregar bonos de contingencia de 260 dólares para los afectados. Además, de la reparación de las viviendas y la entrega de kits de construcción.

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Ecuavisa.com realizó un recorrido de dos días en la zona cero constatando que la ayuda no ha llegado; los moradores viven con incertidumbre a la espera de respuestas. Aquí los detalles.

Unas cuantas vallas bloquean cada extremo de la Calle 8, en cada uno hay policías, pero no militares, pese a que luego de la explosión el presidente Guillermo Lasso decretó, para sorpresa de nadie, un nuevo estado de excepción durante 30 días.

La mañana del 1 de septiembre, en la calle que, hace dos semanas vivió un acto terrorista sin precedentes en Ecuador, suena salsa de fondo y el ambiente parece tranquilo. María (nombre protegido), de 41 años, vive hace más de una década aquí, "es la primera vez que algo así pasa".

La noche de la explosión, dice, su casa, ubicada al pie del estero, toda se movió, y su bebé de siete meses empezó a llorar, "pensé que era un terremoto", describe.

Pese a que las autoridades anunciaron que durante tres meses se exoneraba el pago de la planilla de agua para los moradores de la zona, en cambio, María asegura que esa promesa quedó en el aire, pues las planillas ya empezaron a llegar "prometen y no cumplen".

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Hoy ​​​​​​la tienda de María está abierta, aunque por fuera pareciera estar completamente cerrada, es que, dice, apenas los policías se vayan, ella también se irá.

El paso hacia la zona cero no está permitido, los policías que la resguardan no nos dejaron pasar. Sin embargo, a una esquina del inicio de la calle se está hospedando Nayeli, de 21 años, su madre, Roxana, a quien describe como "gordita, patuchita, y alegre", murió en la explosión, la única de las cinco víctimas que era del barrio.

"Me dijeron que habían tirado una bomba, yo pensaba que estaba viva", cuenta lo que pasó por su mente en esa trágica noche. Ahora, Nayeli vive con su abuela paterna, pues su casa rosada, de madera, quedó destruida y así sigue. Además, tampoco ha recibido el bono.

Un día después de la primera visita, hoy 2 de septiembre, un grupo de ocho moradores nos esperaban con carteles exigiendo ayuda al Gobierno.

Ángel Sinisterra, vocero de los afectados, dice que las autoridades nunca más volvieron, "las promesas han sido solo en televisión a nosotros nos mantienen en un sistema de desinformación, no sabemos qué va a pasar con nuestras viviendas", expone.

Su madre sigue hospitalizada y su casa no es habitable. Pero como él también hay más casos como el de Vanesa Franco, quien ha vivido toda su vida en esta calle, el techo de su casa voló y duerme a la intemperie junto a su familia.

Entre ellos existe incertidumbre sobre lo que vaya a pasar con sus viviendas "unos hablaron de reconstrucción otros de reubicación, pero no tenemos constancia de nada", reitera Ángel.

Lo cierto es que el bono no ha llegado a todos los afectados. De hecho, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) confirmó a Ecuavisa.com que son 15 las personas que se benefician de la ayuda económica.

Y, ¿la reconstrucción? Este medio consultó con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) sobre el plan de reparación para los afectados de la Calle 8, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Por su parte, Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, del Partido Social Cristiano (PSC), dice que la entrega de kits de construcción se prevé para las próximas dos semanas. "Una vez que terminemos el inventario que estamos levantando vamos hacer la gestión; no es presupuesto municipal, sino donaciones".

Sin embargo, los moradores cuestionan la efectividad de esa ayuda. "Para construir una casa en estos sectores son casi dos generaciones trabajando, ¿de qué sirve un kit con esos materiales?, van a quedar a la deriva", lamenta Sinisterra y agrega "será otra generación trabajando para poder construir una casa".

En nuestro recorrido los morados de la Calle 8, además, de la falta de ayuda repiten un rumor conocido. Es que días después de la tragedia, hubo denuncias que para ingresar a la Calle 8 se les debía pagar a los policías que resguardan la zona, "si usted tiene un carro tiene que pagar 10 dólares para pasar de aquí para allá", recogió Televistazo.

La gente que no era del barrio, dice, tenía que pagar coima al ingreso, pero a veces los propios residentes tenían problemas: "uno que vive aquí tenía que sacar cédula para poder entrar, tenía que llamar al dueño de la discoteca para que dejaran entrar", relató una moradora que por seguridad no quiso dar su nombre.

El pasado 15 de agosto el ministro del Interior, Patricio Carrillo, habló sobre el accionar de los uniformados "hemos dispuesto al comandante de la Zona 8 para que evalúe el trabajo individual y colectivo del personal acá y de ser necesario hagamos las acciones investigativas con inspectoría o también los cambios que sean necesarios".

Ecuavisa.com solicitó al comando de la Policía de la Zona 8 conocer las acciones tomadas, tras el pedido del ministro Carrillo, pero no quisieron referirse sobre el tema. Sin embargo, confirmaron que los mismos efectivos continúan laborando en la zona.

Las razones del atentado, según los moradores, son desconocidas, pues para ellos el barrio siempre fue seguro, solo conocido por su grandes fiestas. Sin embargo, entre las teorías de la Policía el hecho habría estado dirigido contra miembros de la estructura narcodelictiva Los Tiguerones.

A dos semanas de la tragedia los moradores creen que el atentado pudo evitarse; si los policías hubiesen estado presentes esa noche, una ausencia extraña para ellos, pues siempre, dicen, estaban al ingreso de la calle.