Seis exmilitares son enjuiciados por presunta lesa humanidad en el caso Alfaro Vive Carajo

Seis militares en servicio pasivo son acusados del presunto delito de lesa humanidad en contra de tres integrantes del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo en 1985, cuando León Febres-Cordero era presidente de Ecuador.

La audiencia de juicio en contra de los oficiales se desarrolla desde la mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), luego de al menos dos diferimientos que datan de noviembre 2015 y diciembre 2016. Los imputados son:

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• Juan Raúl Viteri
• Manuel Delgado
• Nelson Enríquez
• Fernando Ron
• Mario Apolo
• Luis Eduardo Piñeiros.

La audiencia se desarrolló con normalidad y, a las 14:00, se dispuso un receso. Luego, las defensas de los procesados continuaron con la presentación de sus alegatos de apertura.

Una vez que concluyeron las intervenciones de las partes procesales, la Fiscalía inició con la práctica de su carga probatoria.

¿Cómo se dio el caso?

Según la versión de Fiscalía, en 1985, Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín, integrantes de la agrupación Alfaro Vive Carajo, fueron detenidos ilegalmente en Esmeraldas y trasladados al Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), ubicado en Conocoto, sur oriente de Quito, en donde habrían sido torturados, desaparecidos y violentados sexualmente.

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De ahí que la investigación también es conocida como caso Vaca, Cajas y Jarrín, el primero que se judicializa en Ecuador por lesa humanidad.

El Tribunal que conoce el caso está conformado por los jueces Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz. De parte de la Fiscalía, actúa Carlos Alarcón.

¿Sabías que?

Según el COIP, son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia: la ejecución extrajudicial; la esclavitud; el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos; la privación ilegal o arbitraria de libertad; la tortura, violación sexual y prostitución forzada; inseminación no consentida, esterilización forzada; y la desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.