Cinco candidatos renunciaron a la protección policial tras los resultados de las elecciones

Tras los resultados de las elecciones del domingo pasado, dos candidatos presidenciales y tres aspirantes a la Vicepresidencia de la República renunciaron a la protección estatal.

Francesco Tabacchi, del movimiento CREO, y Jorge Escala, de Unidad Popular, solicitaron formalmente a la Policía el retiro de los agentes asignados durante la campaña. Cada uno contaba con nueve oficiales equipados con armamento y protección balística. Asimismo, las candidatas a la Vicepresidencia Inés Díaz (SUMA), Katiuska Molina (Pachakutik) y María Luisa Coello (Democracia Sí) también declinaron continuar con la seguridad proporcionada por el Estado.

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La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó en su informe preliminar la violencia que marcó la reciente campaña electoral en Ecuador. El documento señala que, debido a la situación de inseguridad, las organizaciones políticas enfrentaron dificultades para que sus afiliados aceptaran nominaciones o evitaran renunciar a ellas. Además, se registraron casos de secuestros, intimidaciones y ataques armados contra candidatos de diversas agrupaciones políticas.

El informe detalla cinco incidentes específicos que afectaron a candidatos de los partidos Amigo, Sociedad Patriótica, CREO, Revolución Ciudadana y Democracia Sí. Estos eventos incluyeron secuestros, amenazas directas y un ataque armado.

Aunque no se mencionan nombres específicos, se enfatiza que la violencia obligó a las candidaturas y representantes de los partidos a modificar o limitar sus actividades de campaña, restringiendo su capacidad para interactuar con el electorado.

Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, corroboró las observaciones del informe, indicando que durante sus recorridos de campaña solicitaron permiso a líderes de mafias criminales que controlan barrios en Esmeraldas y Durán para presentar sus propuestas a los votantes. Este tipo de situaciones refleja el nivel de influencia que el crimen organizado ha alcanzado en ciertas regiones del país, afectando directamente el proceso democrático.

Casos como el de la candidata Andrea González (PSP), quien interrumpió un recorrido en Manabí por una alerta de seguridad, y Carlos Rabascall, de la Izquierda Democrática, enfrentando situaciones similares, evidencian el clima de inseguridad.

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En El Oro, el candidato a asambleísta por Democracia Sí, Gabriel Ugarte, sufrió un ataque armado en su domicilio. Además, candidatos de SUMA optaron por no hacer campaña en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas tras recibir amenazas, y en esta última provincia, Lenín Sánchez, de Avanza, denunció públicamente una intimidación.

La OEA también señaló la falta de datos oficiales desagregados sobre víctimas de violencia política, lo que impide contar con información estadística completa y oportuna para dimensionar el impacto en el país.