Juicio caso Las Malvinas | Fiscalía pide pena de 30 meses para cooperadores eficaces

La mañana del lunes 15 de diciembre de 2025, se reinstaló la audiencia de juicio en el caso Las Malvinas. La diligencia llegó a su etapa clave: los alegatos de clausura y el pedido de sentencia contra los 17 militares de la FAE por desaparición forzada.

Hasta ahora, la Fiscalía ha pedido 34 años y ocho meses de prisión contra 10uniformados en calidad de autores directos. Aquí sigue el minuto a minuto de la audiencia.

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La Fiscalía concluyó con la presentación de sus alegatos finales. Para 11 militares en calidad de autores directos, solicitó una sentencia de 34 años y ocho meses de prisión. Contra el teniente coronel de la FAE, pidió siete años y cuatro meses en calidad de cómplice y para los cinco cooperadores eficaces, 30 meses de cárcel.

El Tribunal Penal pasó a deliberar la sentencia. El juez titular convocó de forma oral, para el 22 de diciembre de 2025 la reinstalación de la audiencia para dictar la resolución.

Luego de un receso de una hora, la Fiscalía sigue con los alegatos finales. El tercer cooperador eficaz es Alex Q., contra él, la Fiscalía pidió una reducción de pena por "ayudar a la esclarecer los hechos y participar en la dinámica de la reconstrucción de hechos".

El fiscal del caso, al igual que los otros dos cooperadores, solicitó una pena privativa de 30 meses. Señaló que el beneficio de esta figura jurídica solo es para la prisión, se mantiene una multa de 800 salarios básicos y una reparación simbólica a las víctimas de USD 10 000.

Por su parte, la acusación particular reafirmó su pedido de USD 100 000 como reparación integral. Algo que cuestionó la defensa del militar procesado.

El fiscal continuó con sus alegatos finales para el cuarto cooperador eficaz: Carlos E. Él fue quien grabó el video de los menores en el balde de una camioneta y envió las imágenes a su hermana. La Fiscalía también pidió 30 meses de prisión contra Carlos E.

Finalmente, el fiscal del caso acusó a Christian A., otro de los cooperadores eficaces y el último militar implicado en el delito de desaparición forzada. Por su testimonio - que permitió esclarecer los hechos- la Fiscalía pidió una reducción de pena, y que sea de 30 meses de cárcel.

Conforme avanzó la investigación del caso, cinco militares se acogieron a la figura de cooperación eficaz. Es decir, decidieron colaborar con la Fiscalía, ampliando sus versiones iniciales y proporcionando más detalles.

Uno de ellos es Nelson S. Según la Fiscalía, lo que dijo el uniformado es verídico. En su versión, Nelson S. indicó que uno de los menores se lesionó en la cabeza al golpearse con la trompetilla de un fusil. El fiscal puntualizó que el informe de la autopsia confirmó la herida, además que el militar fue parte de la dinámica en la segunda reconstrucción de hechos, donde se recrearon los maltratos y amenazas contra los menores de edad.

El fiscal solicitó una pena de 30 meses de prisión para Nelson S., correspondiente al 10 %, debido a la colaboración eficaz. La defensa del uniformado, puntualizó que en la versión de su cliente, nunca acusó directamente a nadie, solo relató la verdad de lo que sucedió la noche del 8 de diciembre de 2024.

Manifestó que los peritos policiales comprobaron lo que dijo Nelson S., de que el subteniente John Z., disparó a 80 centímetros de la cabeza de uno de los menores. También que se comprobó que los chicos fueron obligados a desnudarse, además de las conversaciones del chat Asesoría militar.

El abogado dijo que Nelson S., comentó que vio sangre en el balde de una de las camionetas. Algo que Criminalística corroboró con la prueba de luminol. "La colaboración eficaz de mi representado fue una pieza fundamental para conocer la verdad de un hecho que fue ocultado", expresó el abogado.

Para Moisés L., otro cooperador eficaz, la Fiscalía también pidió 30 meses de prisión, correspondiente al 10 % del total de la pena que solicitó contra los acusados como autores directos. Su defensa se acogió al pedido de la Fiscalía.

El subteniente John Z., era el jefe de patrulla la noche del 8 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, el coronel Lescano en su versión señaló que el subteniente no le informó de lo sucedido con los cuatro menores.

También que dentro del chat Asesoría militar, un usuario dijo "tenga en cuenta mi subteniente, que nadie hizo conocer en el informe de los disparos". El fiscal detalló además, que de acuerdo a los testimonios, el subteniente ordenó ir por el camino de segundo orden en Taura y que él conocía de una poza en esa zona.

El fiscal agregó que cuando fueron a recoger la ropa, el subteniente tampoco dijo algo sobre la desnudez de los menores. Contra él, indicó, pesa además el testimonio de los cinco cooperadores eficaces y las pruebas documentales.

La Fiscalía lo acusó como autor directo en la desaparición forzada, por lo que pidió una sentencia de 34 años y ocho meses para él. Así mismo, el fiscal indicó que el subteniente nunca dijo nada de las agresiones a las que sometió a las víctimas que fueron detalladas por los cooperadores.

Por su parte, la defensa del subteniente rechazó las acusaciones. El abogado puntualizó que el mismo padre de los menores reconoció que uno de sus hijos lo llamó. Según el jurista, la Policía confirmó que ese día hubo dos llamadas, una duró ocho minutos.

Acusó a los cooperadores eficaces de mentir e indicó que existe el testimonio de Luiggi V., quien dio nombres de miembros de la mafia que supuestamente se llevaron a los cuatro chicos esa noche.

El teniente coronel Juan Francisco I., es acusado por la Fiscalía como cómplice en el delito de desaparición forzada en el caso las Malvinas. En sus alegatos finales, el fiscal del caso sostuvo que el alto oficial ordenó recoger las prendas de vestir halladas en Taura, sin los protocolos adecuados.

Recordó que él proporcionó los nombres de los 16 uniformados de la FAE que conformaron la patrulla Tango Charlie, que la noche del 8 de diciembre de 2024 aprehendieron a Josué, Ismael, Nehemías y Steven en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

El fiscal indicó que de acuerdo a las versiones, el teniente coronel grabó entrevistas a los militares implicados. Supuestamente también ordenó al subteniente John Z., que borre videos de los menores y que en los informes, omitan lo relacionado a golpes, disparos, insultos y amenazas.

"El teniente coronel, ya conoció el 10 de diciembre los hechos. Había una obligación de dar información (...) El tiempo es vital para ubicar a las víctimas o sus restos", argumentó el fiscal.

Siete años y cuatro meses de prisión, es el pedido de la Fiscalía para el alto oficial en calidad de cómplice. El fiscal sostuvo que en el caso de él, no hay agravantes. También se solicitó una multa de 800 salarios básicos unificados y una reparación integral simbólica de USD 10 000.

La defensa del teniente coronel refutó los alegatos de la Fiscalía. Sostuvo que fue el alto oficial el que pidió información a la patrulla y que sí se comunicó con la Unase para notificar los datos recabados a los 16 militares que aprehendieron a los cuatro menores.

Argumentó que la información recolectada se hizo "en los formatos adecuados para que no haya cambios". Calificó que existe deslealtad procesal "porque se están diciendo cosas que no ocurrieron", señaló el abogado defensor.