Más de 2 000 hectáreas han sido destruidas por la minería ilegal, según ambientalistas

La minería ilegal avanza en la Amazonía, ingresando a reservas ecológicas y parques nacionales donde el Estado ha perdido el control efectivo. Colectivos ambientalistas denuncian la destrucción de unas 2 000 hectáreas de bosque en zonas protegidas de Napo, Zamora, Sucumbíos y Orellana.

Durante una década, las comunidades amazónicas han lanzado voces de alerta por los graves efectos sociales, ambientales y de salud que deja la minería ilegal, una actividad que, según grupos ecologistas, ha devastado cerca de 2 000 hectáreas de selva, incluso dentro de áreas de conservación. Un ejemplo está en la confluencia de los ríos Nangaritza y Zamora, donde aún operan alrededor de 45 excavadoras.

Lea también: La minería ilegal persiste en Napo: grupos armados controlan la extracción de oro

Los grupos criminales mantienen estructuras organizadas y, cuando se filtra información sobre operativos militares o policiales, se alertan, huyen y esconden la maquinaria. Para enfrentar la minería ilegal en la Amazonía se requieren estrategias distintas a las aplicadas en Imbabura o Azuay, debido a las complejidades geográficas, la presencia poblacional cercana a los campamentos, la dificultad de acceso y el alto riesgo para la biodiversidad.

En los últimos dos años se han ejecutado 260 operativos contra esta actividad en la Amazonía, sin resultados sostenidos. En estas zonas no solo operan bandas criminales nacionales, sino también disidentes de las FARC y otros grupos que se disputan las ganancias del oro y del tráfico de combustible.

Franklin Soria, periodista especializado en investigaciones sobre minería ilegal, señala que las acciones militares deben tener otro tipo de preparación y enfoque.

Revise además: Ecuador no tiene política de Estado ni estrategia para frenar la minería ilegal, que ya es cuatro veces más rentable que el narcotráfico

Advierte que el Estado no tiene control sobre los territorios más aislados y que la minería ilegal persiste gracias a la complicidad de funcionarios que facilitan el ingreso de diésel para operar la maquinaria o conceden permisos ambientales en áreas del Estado bajo la figura de exploración, que luego se usan para extender operaciones ilegales.

Ecuavisa conoció que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas analiza la grave problemática en la Amazonía, mientras aumentan la devastación, la contaminación y el saqueo de los recursos minerales del país.