El riesgo es permanente para la seguridad y la economía de al menos 50 000 habitantes entre ellos comerciantes y funcionarios públicos que laboran en la zona.
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El reclusorio tiene capacidad de 600 presos, el hacinamiento supera los 1 200 reclusos, por eso los ciudadanos han exigido a las autoridades locales y gubernamentales reubicar esa cárcel.( )
La masacre contra catorce personas en la cárcel de Machala reactivó el debate ciudadano de reubicar ese reclusorio que está en pleno centro de la capital de la provincia de El Oro.
Los mayores afectados son habitantes del barrio Nueve de Mayo y sus alrededores, quienes la madrugada de este lunes 22 de septiembre vivieron una pesadilla porque durante 40 minutos soportaron el estruendo de tres explosivos que detonaron dentro del reclusorio para asesinar a un grupo de presos.
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La cárcel está en la avenida Nueve de Mayo, entre las calles Manuel Estomba y San José, un sector comercial donde funcionan cientos de negocios.
Para dimensionar el impacto, ese centro penitenciario está a cinco cuadras del parque central Juan Montalvo y a sus alrededores están los edificios de las principales entidades públicas como el Municipio, Gobernación, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Casa de la Cultura y toda la zona bancaria que se conecta con el conocido sector de la bahía.
Además, está a 500 metros del Comando de la Policía, pero paradójicamente en la práctica se ha demostrado que a pesar de la cercanía de los uniformados no se puede prevenir los atentados.
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El riesgo es permanente para la seguridad y la economía de al menos 50 000 habitantes entre ellos comerciantes que laboran en el parque Zoila Ugarte que tiene una extensión de 15 hectáreas donde funciona el polideportivo Machala y que está frente a esa cárcel de más de 70 años antigüedad.
Aunque ese reclusorio tiene capacidad de 600 presos, el hacinamiento supera los 1 200 reclusos, por eso los ciudadanos han exigido a las autoridades locales y gubernamentales reubicar esa cárcel, pero ese pedido no ha trascendido a una planificación formal para concretar ese traslado.
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Ecuavisa.com intentó contactarse con autoridades del Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para conocer los planes sobre una eventual reubicación, pero no hubo respuesta.
Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador. El historial de crímenes dan cuenta de que 600 reclusos fueron asesinados desde 2021, la mayoría en una serie de enfrentamientos entre bandas rivales.
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Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, el conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción como medida para militarizar ciudades y cárceles con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones desde inicios de 2024.
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