La Fiscalía le pide a la Corte Constitucional que actúe para frenar la impunidad de jueces cómplices de criminales

Exjueces de la Corte Constitucional aceitaron las "puertas giratorias" de las cárceles en Ecuador para que políticos y criminales peligrosos puedan salir sin cumplir sus condenas cada vez que un juez cómplice lo autorice. Así se puede entender un contundente comunicado de la Fiscalía que, cansada de la impunidad, cita nombres y apellidos.

Luego del más reciente caso en el que un juez liberó a un peligroso criminal, la Fiscalía General del Estado hace un pedido a la Corte Constitucional para que intervenga y frene los abusos de medidas cautelares que permiten que reclusos salgan de las cárceles sin cumplir sus penas.

"La Fiscalía General del Estado cumple con un trabajo técnico - jurídico para procesar delitos y conseguir que estos no queden en la impunidad. Sin embargo, durante los últimos meses, la sociedad ha sido testigo de la forma en que ciertos jueces han dejado en libertad a sentenciados por delitos graves", se queja el Ministerio Público.

En el caso más reciente, el juez Byron Orejuela del cantón Flavio Alfaro, en la provincia de Manabí, ordenó la liberación de Luis Alfredo A., alias 'Gordo Luis', identificado como cabecilla de 'Los Lobos', banda dedicada al narcotráfico, sicariato y extorsiones.

Aunque él estaba recluido en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, en Latacunga, fue un juez de Manabí quien ordenó su libertad y la institución regente de las cárceles dijo que al existir una orden judicial ejecutó la medida de cumplimiento obligatorio.

El argumento aceptado por el juez fue que hubo vulneraciones al debido proceso, y, por lo tanto, se vulneraron los derechos del 'Gordo Luis' a su libertad, su integridad física, salud y vida.

Así que aunque su banda vulnere esos mismos derechos a otras personas, él debe estar de regreso en las calles por orden judicial. Igual pasó con el número dos de 'Los Choneros', Junior Roldán, beneficiado con la prelibertad.

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JR salió de la cárcel, lo atraparon a los pocos minutos en medio de un cruce de balas, lo volvieron a encerrar, lo volvieron a liberar y tras un intento de acabar con su vida en el cantón El Triunfo, se quitó el dispositivo de vigilancia y por eso otra vez es buscado por la Policía. La cárcel es solo una puerta giratoria para los criminales en Ecuador.

No se benefician solo una vez, sino tantas como un juez lo permita. Como ejemplo está el mismo 'Gordo Luis', cabecilla de 'Los Lobos' que fue liberado la noche del viernes.

El 14 de diciembre de 2022 el mismo sujeto ya había sido recapturado por la Policía, con droga y armas en la provincia de Los Ríos, pocos días después de que un juez le había otorgado medidas sustitutivas. Cruza las puertas giratorias de las cárceles sin problemas.

Aquí les van los nombres. A través de su máxima autoridad, Diana Salazar, "la Fiscalía hace un nuevo llamado a la Corte Constitucional del Ecuador para que establezca o delimite parámetros para que los juzgadores cuenten con un sistema de control eficaz frente a decisiones claramente contrarias a la Ley".

El fin es precautelar la seguridad jurídica, uno de los principios fundamentales de la sociedad, pero los jueces que favorecen a criminales se saben protegidos, según la fiscal.

"Estos jueces cuentan con este cobijo a sus decisiones, debido a que el 18 de abril de 2018, el Pleno de la Corte Constitucional -con votos favorables de Alfredo Ruiz Guzmán, como presidente; Francisco Butiñá, Pamela Martínez, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana y Marien Segura- emitió la sentencia N° 141-18-SEP-CC, que instauró la impunidad de los juzgadores frente al delito de prevaricato al tratarse de decisiones relacionadas con garantías jurisdiccionales", cita la Fiscalía en su comunicado.

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"De esta manera, los hechos evidentemente prevaricadores cometidos por jueces que forman parte de la carrera judicial del Consejo de la Judicatura -por ende pueden ser sujetos activos del mentado delito- encuentran su laguna de impunidad para seguir pisoteando el estado de derecho y la seguridad jurídica que todo ciudadano requiere para vivir en un ambiente de paz y libre de corrupción", continúa el escrito.

Además, el artículo 233 de la Constitución establece que "ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones [...]."

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado insiste en que el Sistema de Justicia debe trabajar como un engranaje, en el que cada parte debe cumplir con sus competencias y asumir sus responsabilidades.