09 jun 2025 , 21:10

Falta de cohesión entre autoridades agrava la crisis en seguridad y justicia

Televistazo recopiló el cruce de comunicados entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.

La liberación, con medidas alternativas, de dos detenidos por el secuestro de una mujer asiática en Guayaquil, que después fue hallada muerta con otros tres secuestrados, evidenció una vez más una crisis institucional y falta de engranaje en el sector de seguridad y justicia.

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Desde el viernes hubo un cruce de comunicados entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. La Judicatura acusó al Ministerio Público de no pedir prisión preventiva contra uno de los detenidos: alias Pinky. Según el organismo disciplinario, con ese argumento el juez aplicó el principio de igualdad y liberó al otro procesado, alias Cocacho.

La Fiscalía replicó y dijo que el fiscal Rómulo Sevilla fue enfático en pedir la prisión de Cocacho y que el juez Juan Pablo Pulgarín resolvió liberarlo.

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Esta crisis fue más evidente con las declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg. Él pidió a jueces de Manabí, vinculados a procesos relacionados a alias Fito y su familia, que no lo busquen.

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, puso lo suyo con un comunicado en el que pidió al Ministerio del Interior y a la Fiscalía retomar en conjunto "la iniciativa de conformar una mesa de seguridad que articule el trabajo de las entidades del Estado".

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Este tipo de crisis no son nuevas, y la experiencia muestra que no se resuelve con comunicados. Para esto está el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que dirige el presidente de la República y lo conforman todas las autoridades responsables de la seguridad y la justicia. La Fiscalía también puede ser invitada.

Lo hizo, al menos nueve veces, Guillermo Lasso durante su gobierno. Allí ya se plantearon los problemas de la falta de seguridad a fiscales y jueces amenazados por el crimen organizado, los partes policiales mal sustentados y la corrupción. De allí se crearon los jueces anticorrupción.

Los intentos de trasladar o evadir responsabilidades muestran que el Estado no ha logrado el nivel de cohesión que la situación de violencia impone.

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