13 vinculados con la disidencia de las FARC en Ecuador fueron condenados a prisión

Cinco personas fueron condenadas a 13 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada. Se les acusaba de formar parte de la estructura en Ecuador de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Junto a ellos, otras ocho personas recibieron como sentencia 10 años en prisión, por el mismo delito. Según la Fiscalía, este grupo conformó una red dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos que operaba en la frontera entre Ecuador y Colombia. Ellos estarían vinculados a varios hechos delictivos cometidos entre 2023 y 2024.

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Este caso salió a la luz a finales de agosto de 2024, cuando las fuerzas de seguridad realizaron un operativo simultáneo en cinco de las 24 provincias del país: Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Orellana y Sucumbíos, que se encuentra en la frontera con Colombia.

Producto de esa operación, 16 personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas, algunas de ellas con antecedentes penales por tráfico y posesión de drogas.

Durante los allanamientos se incautaron de los detenidos: siete vehículos de alta gama, 29 teléfonos móviles, 16 armas, municiones, computadoras, más de USD 100 000 en efectivo, entre otros indicios.

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Esta red de narcotráfico estaba "implicada en una serie de actividades ilícitas de alta gravedad, incluyendo secuestro, extorsión, sicariato y tráfico de armas y de explosivos no autorizados", según dijo la Policía en ese entonces. Además, de acuerdo a las investigaciones policiales, esta banda criminal estaba detrás del envío de cargamentos de cocaína a México y España.

En enero de este año, cuatro personas más fueron vinculadas al proceso, entre ellas Roberto Carlos Álvarez Vera, detenido a finales de junio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y considerado por las autoridades como un presunto cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera. Está a la espera de ser extraditado para enfrentarse a la Justicia.

En abril, un juez dictó el sobreseimiento para tres de los procesados y llamó a juicio a los 17 restantes, de los cuales 13 fueron condenados el 12 de julio.

A los Comandos de la Frontera se les atribuye la matanza de 11 militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal, realizado en mayo en la zona de Alto Punino, entre Orellana y Napo. Allí también murieron tres de los atacantes.

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El enfrentamiento, donde los militares fueron atacados con fusiles, lanzagranadas y explosivos, reveló el poder de infiltración de los Comandos de la Frontera, quienes, según las autoridades ecuatorianas, se han aliado con Los Lobos, uno de los mayores grupos criminales del país, para controlar rutas de narcotráfico y diversos enclaves de minería ilegal.

Tras el asesinato de los soldados, el presidente Daniel Noboa catalogó a este grupo como enemigo del Estado ecuatoriano dentro del "conflicto armado interno" que declaró a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado, al igual que al Frente Oliver Sinisterra y a las Disidencias Comuneros del Sur.