La CIDH exige al Estado ecuatoriano un informe urgente por crisis sanitaria y de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al Estado ecuatoriano un informe detallado sobre las medidas adoptadas para resolver los graves problemas sanitarios en la Penitenciaría del Litoral, revelados en un informe judicial difundido el pasado 28 de mayo por Televistazo.

El organismo internacional, en un documento enviado el 11 de junio a la canciller Gabriela Sommerfeld, otorgó un plazo de 15 días para que Ecuador entregue información precisa sobre cómo ha dado seguimiento a la falta de atención médica, la escasa alimentación, la presencia de excremento de roedores en las celdas, el rebosamiento de aguas servidas, el hacinamiento extremo y la ausencia de agua potable en el centro penitenciario.

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La Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, alberga actualmente a 6 992 personas privadas de libertad, pese a que su capacidad máxima es para 3 909. Esta sobre población ha contribuido a la propagación de enfermedades como la tuberculosis, una crisis que fue advertida por el sistema judicial y que ahora ha activado la atención de instancias internacionales de derechos humanos.

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Además, la CIDH solicitó al Estado entregar documentación sobre los reclusos que se encuentran en estado grave de salud, incluyendo los tratamientos y atenciones médicas brindadas, así como las acciones inmediatas implementadas para garantizar condiciones mínimas de salubridad y dignidad.

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En el mismo requerimiento, el organismo pidió al Gobierno detallar si el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ha cumplido con las recomendaciones emitidas en el informe judicial.

La intervención de la CIDH se suma a las crecientes alertas sobre la crisis humanitaria en las cárceles ecuatorianas, en un contexto marcado por la violencia, el abandono institucional y la falta de garantías básicas para la población penitenciaria.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades nacionales no han emitido una respuesta pública al requerimiento del organismo internacional.