Caso Ornato Municipal: Alcaldía de Pujilí concedió contratos para obras en zonas ya intervenidas

La investigación penal al alcalde de Pujilí, José Arroyo, quien fue detenido este 7 de agosto por el caso Ornato Municipal, empezó hace 11 meses. Según la Policía, él aplicó una modalidad sistemática de desvío de recursos públicos desde el Municipio, en la provincia de Cotopaxi.

De acuerdo a investigadores consultados por Televistazo, los funcionarios municipales ejecutaron obras con personal y recursos propios del cabildo, en algunos casos incluso antes de que el actual alcalde, hoy detenido, asumiera el cargo, para luego simular que dichas intervenciones eran nuevas y someterlas a procesos de contratación pública.

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El mecanismo, aseguran, consistía en maquillar obras ya ejecutadas, como áreas verdes o plazas intervenidas previamente, y licitarlas formalmente con empresas o personas naturales, que en realidad eran colaboradores externos de los propios funcionarios.

Según la Fiscalía, una vez adjudicados los contratos, el dinero se dividía: parte se usaba para justificar el servicio, y el resto terminaba en manos de funcionarios, en efectivo o a través de cuentas de terceros.

Esta modalidad también fue reportada en octubre de 2024 por Televistazo.

Dos reportajes dieron cuenta de cómo se adjudicaron contratos por USD 54 000 para palmeras y USD 253 000 para plantas en zonas verdes que ya estaban intervenidas. Incluso, adoquines instalados en junio de 2023 fueron oficialmente adquiridos en abril de 2024 por USD 141 000.

La investigación de Televistazo también mostró que en diciembre de 2023, el municipio pagó más de USD 170 000 a familiares directos del alcalde, por tres terrenos.

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La denuncia en Fiscalía, respaldada por el vicealcalde y dos concejalas, también cuestiona la legalidad de esculturas, nichos y ornamentos contratados para espacios públicos que, según videos y documentos expuestos, ya habían sido construidos por personal municipal.

La investigación penal avanza por peculado, delito que sanciona el mal uso de bienes del Estado por parte de servidores públicos, cuya pena es de hasta 13 años de prisión.

José Arroyo fue el segundo alcalde más votado del país en las elecciones seccionales de 2023.