Si el juicio político a Lasso prosigue, no debe alejarse del dictamen de la Corte Constitucional

El pleno de la Asamblea está convocado para las 10:45, de este martes 9 de mayo, a propósito del juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso. Igual que todas las sesiones, comenzará con el himno nacional, pero no hay certezas de cómo terminará.

El motivo de la cita es conocer los documentos remitidos por la Comisión de Fiscalización. Lo que sí se sabe es que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se acogerá a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa (LOFL).

Es decir, como no hubo los votos necesarios para aprobar el informe que recomendaba el juicio político contra Lasso, ahora queda en manos del Pleno resolver si hay juicio o no contra el Presidente.

El problema radica en que la ley no es clara respecto a cómo actuar frente a esta situación y tampoco hay antecedentes de juicios políticos contra un Presidente.

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El escenario más probable es que el juicio político contra el Primer Mandatario se desprenda de una resolución que se presente mediante una moción en el Pleno.

Saquicela defendió ese procedimiento y dijo que así lo contempla la ley. Es decir, luego del debate, un asambleísta podrá proponer que no se llame a juicio o que sí, y se decidirá con la mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los presentes.

El oficialismo no está de acuerdo con esa postura. Ana Belén Cordero (CREO) dice que Saquicela recibió presiones para manejarlo de esa manera.

En la resolución se debería respetar las causales aprobadas por la Corte Constitucional (CC), es decir, únicamente por el caso de supuesto peculado en Flopec. Cualquier otro tema que se incorpore podría ser observado por la CC, según analistas.

Bajo esa lógica, no cabe que se lea el informe no aprobado por la Comisión de Fiscalización; a pesar de que hay un pronunciamiento de la Procuraduría que indica que puede presentarse algo improbado.

La asambleísta Viviana Veloz dijo que en el Pleno presentarán el informe que recomienda enjuiciar a Lasso. El pasado 6 de mayo, en la Comisión de Fiscalización no se debatió sobre ese texto, el presidente, Fernando Villavicencio, citó lo dicho por el procurador, Juan Carlos Larrea, respecto a que no es viable presentar un documento de minoría.

Sin embargo, es algo que tampoco estaría de acuerdo a la norma jurídica. Las abogadas constitucionalistas Ximena Ron y Pamela Aguirre Castro coinciden en que, así no se tome a consideración el pronunciamiento de Larrea, no cabe que se lea un documento que no fue abordado por la Comisión, como lo establece la ley.

La Corte Constitucional puede dar seguimiento a su dictamen, según explican los expertos; o sea, que la causal sea peculado o que no se incluyan otras acusaciones.

El constitucionalista Esteban Ron dice que como parte de lo establecido por la CC está vigilar las actuaciones de la Asamblea, puesto que es la máxima expresión de fiscalización, siguiendo ese criterio podría revisar las actuaciones de prueba.

Ya hay un pedido del Presidente y de la Comisión de Fiscalización para vigilar el dictamen de admisibilidad y es posible que ya lo estén realizando, aunque todavía no han realizado diligencias al respecto.

El pronunciamiento de la Procuraduría es de estricto cumplimiento. Sin embargo, bajo interpretación de Saquicela, la consulta la hizo el Ejecutivo, por lo tanto, no aplica para la Asamblea.

Ron y Aguirre creen que todo dependerá de la interpretación que tengan los asambleístas sobre este caso, principalmente el Presidente del Parlamento.