El oficialismo garantiza que ampliará el diálogo sobre la Ley de Fundaciones

En nombre de combatir la inseguridad, el presidente Daniel Noboa ha impulsado cuatro leyes económicas urgentes en menos de dos meses. La más reciente, bautizada como Ley de Fundaciones, plantea un nuevo marco regulatorio para las 75 334 organizaciones sociales que operan en Ecuador.

Sin embargo, apenas una semana después de su envío a la Asamblea Nacional, han surgido críticas desde la sociedad civil sobre un posible trasfondo político del Gobierno. Además, advierten que el proyecto guarda demasiadas similitudes con el polémico Decreto 16, firmado hace 12 años por el entonces presidente Rafael Correa, mismo que fue objeto de denuncias de inconstitucionalidad y llamados de atención por parte de organismos internacionales.

Ante este escenario de preocupación social, durante el programa POLÍTICAMENTE CORRECTO el oficialismo aseguró que, durante las tres semanas restantes de trámite, abrirá un canal de diálogo con organizaciones civiles y demás bancadas para ajustar la ley de manera democrática.

Nathaly Farinango, representante de la bancada oficialista de ADN e invitada al panel de análisis, prometió que el Gobierno garantizará una ley democrática, analizada y debatida públicamente. “Algo muy diferente al decreto que hizo el correísmo hace más de una década sin consultarlo con nadie. Este presidente sí es democrático”, señaló.

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Farinango destacó dos elementos clave de la ley. En primer lugar, que las 28 páginas del documento respetan los derechos internacionales de asociación. Además, sustentó que en la nueva ley se incluye una disposición general que, según ella, blinda a las organizaciones sociales de cualquier forma de persecución política. El artículo mencionado versa así:

“Disposición general, única: Ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”.

Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, una de las organizaciones disueltas durante el gobierno de Correa, también participó en el panel. Durante su intervención, señaló que, si bien las organizaciones sociales apoyan la ley por el control sobre capitales irregulares, les preocupa la similitud con el Decreto 16.

“Queremos pedirle al Gobierno que esta vez haya una gran apertura al diálogo. Y no solo eso, sino que también se debata el antiextractivismo. En la próxima consulta popular deberían incluirse temas a futuro, como la crisis climática”, señaló Páez.

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Caroline Ávila, catedrática de la Universidad de Cuenca y analista política, también participó en el panel de POLÍTICAMENTE CORRECTO. La analista cuestionó las promesas de diálogo del oficialismo en la Asamblea, pues considera que 30 días es poco tiempo para estudiarla a detenimiento.

“¿Por qué un gobierno querría regular el lavado de activos de más de 75 mil organizaciones que apenas mueven 300 millones de dólares al año? Esa es una cantidad baja. Parecería que el Gobierno quiere construir un enemigo interno que le dé réditos y que sea fácil de cuestionar”, dijo Ávila.

La panelista recordó que, a la par de esta ley, el Gobierno enfrenta denuncias de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional por sus otras tres leyes urgentes. A Ávila le llama la atención que justo esta semana se haya iniciado una campaña en redes contra ese organismo constitucional, la cual, dice ella, beneficia políticamente al presidente.

La asambleísta Farinango, por su parte, negó que exista una campaña creada desde el Gobierno. “Al contrario, respetamos su independencia. Esperamos que analicen las leyes, cuatro leyes que están en sus manos, con base en las urgencias de la gente”, dijo.

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Tanto Ávila como Páez coincidieron en que, pese a los avances de esta ley urgente, seguirán existiendo varias organizaciones sociales y pueblos que, de ser necesario, se movilizarán en contra del Gobierno, algo que podría provocar nuevos roces.

“¿Qué pasará, por ejemplo, con las organizaciones de Cuenca que se movilizan contra la minería en zonas hídricas que proveen agua a toda una población? ¿El Gobierno lo tomará como alteración del orden público?”, cuestionó Ávila.

Por su parte, Belén Páez aseguró que, independientemente de lo que ocurra en la Corte Constitucional o en la Asamblea Nacional con la Ley de Fundaciones, la sociedad civil seguirá movilizándose pacíficamente.

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