Mayra Salazar y Fabiola Gallardo conectan los casos Metástasis y Purga en la Corte Provincial del Guayas

La fiscal general Diana Salazar señaló en un video publicado en la madrugada del lunes 4 de marzo que el Caso Purga se desprendió de los hallazgos del caso Metástasis, que ha evidenciado la filtración del narcotráfico en los poderes del Estado Ecuatoriano.

"El Caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y obviamente al del narcotráfico, la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país: Guayas", dijo.

En el mismo comunicado mencionó que entre los participantes de este grupo de delincuencia organizada está María Fabiola Gallardo, jueza y expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, en la que durante su administración fue contratada Mayra Salazar como su asesora.

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Gallardo fue cuestionada inmediatamente tras conocerse que Mayra Salazar fuese acusada de manipular a la justicia con la compra de jueces y otros funcionarios para beneficiar a Leandro Norero y su grupo criminal, como consta los chats que mantuvo la publicista con el narcotraficante en Threema.

Si bien aseveró que la contratación de Salazar no fue decisión de ella sino llegó desde Quito por el Consejo de Judicatura, y que la relación laboral empezó el 1 de octubre de 2023, ahora que ambas estás vinculadas a casos penales, la Fiscalía General señaló en la audiencia de formulación de cargos que han trabajado juntas desde 2021.

Acusa que el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes influyó para que Salazar trabaje para Gallardo en el área comunicacional de la campaña para que ganase las elecciones de presidencia de la Corte Provincial del Guayas.

Los honorarios de la asesora fueron acordados en el domicilio del político: USD 2 500 mensuales y en efectivo. Inicialmente, Gallardo desembolsaba este valor, y luego asumió ese pago Muentes.

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La fiscal general apuntó que Mayra Salazar manejaba un troll center para beneficiar a Gallardo, que seguía recibiendo órdenes de Pablo Muentes, y que posteriormente aprendió cómo funcionaba el sistema de sorteos de causas para usarlo a su favor.

Con ello, Mayra Salazar habría tenido como objetivo instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte, controlar las acciones judiciales y administrativas.

El Ministerio Público argumenta que así intervinieron en casos como una acción de protección con medida cautela presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de entidades públicas por 30 millones de dólares.

En primera instancia, la acción presentada por la procuradora de la entidad militar, Ruth Solano, fue rechazada en primera instancia. Sin embargo, su apelación fue aceptada por un tribunal en el que estuvo María Fabiola Gallardo, a cambio de la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas, dijo Diana Salazar.

Incluso indicó que Mayra Salazar fue la encargada de la selección de los materiales, y que el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito canceló USD 1 400 para este trabajo.

Asimismo, la Fiscalía señala que Gallardo habría accedido una solicitud de Muentes para aplicar un cambio administrativo para poner al juez Ramos Lino para que favoreciera sus intereses, en lugar de uno que no habría aceptado colaborar con esta cúpula criminal y fallar a favor del exlegislador en un juicio por falsedad de recurso privado.

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Por otra parte, Gallardo se habría beneficiado del archivo de cuatro sumarios administrativos, acciones que se habrían logrado por la intervención política del exasambleísta, a través de la directora provincial del Consejo de la Judicatura, Mercedes Villarreal, y de su asesor, Saúl Mero. Villarreal salió del país previo al operativo rumbo a Europa. Las autoridades coordinan con Interpol para devolverla a Ecuador.

Según la investigación, Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, con el fin de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo, pues era parte del Tribunal asignado para conocer la apelación del SNAI ante la decisión de otro juez de que el cabecilla de Los Choneros fuese trasladado de La Roca a la Cárcel Regional.

Diana Salazar señaló que producto de la influencia de Muentes, él y su esposa, Mónica Alvarado, se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacifico, por reparación integral

El juez Reinaldo Cevallos, también imputado en el caso Purga, tomo esta decisión como resultado de una acción de habeas data contra la institución bancaria, en el que justificaron el pago de préstamos recibidos en 1989 y 1999, utilizando documentos de pago falsos y adulterados, indicó el Ministerio Público.

Además, a través de su intervención en las decisiones judiciales, el primo del exasambleísta, Fausto Alarcón, cuya actividad económica es la venta de sánduches, se benefició de un habeas data que le permitió apropiarse de un terreno en Durán valorado en USD 200 000, sin soporte documental que legitime la compra de la parcela.