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La Ley de Integridad Pública es cuestionada por despidos a funcionarios públicos
La Ley de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa, es la norma más cuestionada en la Corte Constitucional.
La Ley de Integridad Pública, impulsada por el presidente Daniel Noboa, tiene 26 demandas de inconstitucionalidad y es la más cuestionada de las tres que se debaten en la Corte Constitucional.
Los artículos más polémicos son los que, según los demandantes, facilitan el despido de servidores públicos porque permiten terminar contratos de manera inmediata.
"Ha sido un símbolo para despedir a miles de trabajadores del sector de la salud", considera Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Gremios de médicos, profesores y empleados públicos se mantienen en vigilia fuera de la Corte Constitucional. Rechazan la ley, que plantea evaluar a 453 mil funcionarios del estado. Las pruebas medirán desempeño y cumplimiento de objetivos, y quienes no las pasen, en caso de reincidencia, podrán ser despedidos.
Los demandantes la consideran una ley regresiva de derechos y que ha servido para despedir a casi cinco mil trabajadores públicos.
"Vamos a demostrar, de manera técnica y jurídica, la regresividad de los derechos", dice José Villavicencio, presidente del sindicato Unión General de Trabajadores.
La norma endurece sanciones para adolescentes y la función Judicial
La Ley de Integridad Pública también genera controversia por el endurecimiento de sanciones para adolescentes infractores y la posibilidad de declarar en emergencia la función judicial. Esta última medida permitiría nombrar jueces fuera de los concursos que ordena la ley, lo que genera el rechazo de jueces y fiscales.
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Mientras la Corte analiza la ley, sus artículos están en plena vigencia, con excepción de la disposición que obligaba a la junta de política y regulación financiera a decidir qué cooperativas deberán transformarse en bancos.
Para el Gobierno, en cambio, esta ley fortalecerá la transparencia, combatirá la corrupción y mejorará la eficiencia en la gestión pública.
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