El juicio político a la Fiscal debe atravesar tres etapas: el CAL, la Comisión de Fiscalización y el Pleno

Pasaron solo 10 días, desde la posesión de la nueva Asamblea, para que el correísmo active el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, que venían anunciando desde la campaña. La solicitante es la legisladora por Pichincha, Gissela Garzón.

La Revolución Ciudadana considera que la Fiscal ha incumplido sus funciones y no ha tomado acciones contra la corrupción. Garzón, en su cuenta de X, también argumentó como otra causal la crisis de seguridad.

El trámite debe atravesar varios frentes, con dinámicas diferentes, y en ninguno el correísmo tiene una mayoría garantizada.​

La presidencia del CAL está en manos de Henry Kronfle, asambleísta socialcristiano, bancada que ya ha manifestado su rechazo a ese juicio político. Sin embargo, el rol del titular del Legislativo únicamente es de canalizar el pedido.

Ya ingresada la solicitud, Kronfle tiene cinco días para poner en conocimiento del CAL. Luego, este órgano administrativo debe pedir un informe jurídico a la Unidad Técnica Legislativa, en un plazo de tres días.

En máximo 10 días, desde el conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento, el CAL verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite. En los tres días posteriores se enviará a la Comisión de Fiscalización.

El proceso vuelve a tramitarse en el CAL, cuando la mesa legislativa ya tiene un informe que recomienda o no el juicio. Nuevamente, el rol es simplemente canalizarlo, ponerlo en conocimiento de todos los Asambleístas e incluirlo en la orden del día para el debate.

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La Comisión de Fiscalización está presidida por la correísta Pamela Aguirre. Además de ella, hay otros tres asambleístas de RC.

Para tener la mayoría necesitarían conseguir el apoyo de asambleístas como Luis Alvarado, de ADN; José Vela, de Centro Democrático; o César Umajinga, de Suma, quienes integran la bancada oficialista.

Convencer a José Rogel del PSC o Adriana García de Gente Buena sería más complejo. El primero porque su bancada ha sido enfática en rechazar el juicio y la segunda porque, aunque ahora es distante de Construye, llegó al cargo promulgando la ideología de Fernando Villavicencio, quien respaldaba a la Fiscal.

La Comisión de Fiscalización es clave, porque en ella se ventilan las pruebas de cargo y descargo, se hacen las interpelaciones y se toma la decisión de recomendar el juicio político o no.

El producto que se obtiene de las pruebas es un informe que puede recomendar el juicio político, el archivo o, si no hay una postura definida, las posturas de cada asambleísta.

Lo que diga el informe no es determinante, porque la decisión final la tiene el Pleno de la Asamblea.

Sin embargo, para que la comisión pueda iniciar el trámite correspondiente a la Fiscal, debe despachar otras cuatro solicitudes del periodo anterior y dos que se presentaron a finales de la semana pasada.

Una vez presentado el informe de la Comisión de la Fiscalización, el presidente de la Asamblea tiene cinco días para incorporarlo en el orden del día para el debate correspondiente.

Si el informe recomienda el archivo, el Pleno podrá acoger y ratificar el documento con la mitad más uno de los presentes; o no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político, con 70 votos.

Por otro lado, si el informe se refiere a las posiciones de los miembros de la Comisión, el Pleno puede resolver el archivo o el juicio previa moción de un legislador, para lo que se necesita la mitad más uno de los presentes.

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Si el informe recomienda el juicio, procederá el trámite. Se convocará a la Fiscal para su defensa y a los interpelantes para presentar los argumentos. Para censurar y destituir a la funcionaria se necesitan los votos de la mayoría absoluta, es decir, 70.

El correísmo tiene 51 asegurados, le resta convencer a 19 asambleístas. El bloque oficialista tiene 25 votos, pero el presidente Noboa ha aclarado que no respaldará ese juicio, aunque podría ponerse de por medio la aprobación de sus leyes económicas urgentes.

Otra alternativa es que consigan los votos uno a uno de entre los asambleístas de minoría, aquellos que no conforman una bancada, lo cual es más complejo, porque las negociaciones son con cada legislador.