Asamblea Nacional: juicio político a vocales del CPCCS pone en riesgo el concurso para elegir al contralor

Este viernes 18 de noviembre, el pleno de la Asamblea Nacional escuchará los argumentos de descargo de cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que serán sometidos juicio político por incumplimiento de funciones.

Se trata de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, a quienes el correísmo y el PSC buscan destituir para reacomodar su mayoría en ese estratégico organismo.

La tensión alrededor de este juicio político es evidente. Según la Constitución, solo hacen falta 70 votos para cesarlos en sus funciones; cuando para el fiscal general del Estado, un ministro o los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de la Judicatura se requieren 92 voluntades.

Este martes 15 de noviembre, el PSC y el correísmo consiguieron 84 votos para que únicamente los consejeros que esa alianza no controla pasen a juicio político, protegiendo a sus tres alfiles en el CPCCS: Sofía Almeida, Juan Xavier Dávalos y David Rosero.

Y aunque el correísmo confía en tener el apoyo suficiente para esta cruzada, el actual presidente del ese organismo, Hernán Ulloa, es más cauto. "Mi estrategia radica en convencer a 15 legisladores de que la institucionalidad del país corre riesgo si nos destituyen", señaló.

El próximo viernes, en el Pleno, se escucharán los alegatos de los consejeros interpelados, por lo que es posible que el sábado 19 se tome la votación y Ecuador viva la fiesta mundialista con un CPCCS reestructurado.

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Hay enorme preocupación por lo que pueda ocurrir con el proceso de designación de esta autoridad, así como del defensor público y de un tercio del CNE.

Básicamente, según Ulloa, porque cualquier forma de detener estos procesos implicaría alterar reglamentos y procedimientos que ya están en marcha.

Las comisiones encargadas de designar estas autoridades, especialmente del contralor general del Estado, ya están trabajando.

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Sobre ellas no cabe destitución vía juicio político sin que de momento existan razones para suspender sus funciones, por lo que Hernán Ulloa considera que estas instancias deben seguir trabajando independientemente de lo que ocurra con el pleno del CPCCS.

"Si hay un interés por invalidar estas comisiones ciudadanas, entonces quedará en evidencia que se quieren meter la mano en el concurso para elegir contralor".

Todo depende, en gran medida, de cómo quede la correlación de fuerzas dentro del Consejo de Participación si el juicio político cambia a los cuatro consejeros pues asumirían sus suplentes, a la espera de ver su comportamiento político.

Es decir que se alinean o no con los vocales que no serán destituidos y que están bajo el respaldo del correísmo y del PSC.

El 5 de febrero de 2023 se elegirá al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el mismo que se posesionará en mayo de ese año, por lo que el juicio político que se realizará esta semana con los actuales vocales generará cambios solo hasta esa fecha, es decir algo más de seis meses cruciales cuando esta instancia busca elegir al nuevo contralor.