Juicio político a Lasso está en manos de una comisión que no se pone de acuerdo

El presidente Guillermo Lasso enfrenta un juicio político en su contra. El trámite está en la Comisión de Fiscalización, una mesa legislativa con varios tropiezos y en la que no hay una mayoría definida.

La diligencia está en la primera etapa, es decir, en la presentación de pruebas de cargo y descargo. Solo en dos sesiones ya se han visto varios roces entre asambleístas, por lo que no es difícil pronosticar que la mayoría (cinco votos) se definirá en la recta final o incluso nunca se concrete.

Por ejemplo, el pasado 10 de abril, el asambleísta Fernando Villavicencio se mostró molesto porque los legisladores no asistieron de manera presencial a la sesión. El desplante fue porque no coinciden con el presidente de la Comisión y creen que tiene una postura en defensa de Lasso.

Ya iniciada la sesión, Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), hizo referencia a la seguridad que acompaña a Villavicencio y preguntó cómo se financia. Este último, en cambio, le respondió que las próximas sesiones podrían ser en sus predios.

Roberto Cuero (UNES) se quejó porque no le permitían habilitar su micrófono y acusó a Villavicencio de racista, por decirle "no se lo ve bien enojado."

Ya en materia legislativa también hay tropiezos. Los legisladores Villavicencio y Cordero presentaron pedidos de pruebas del juicio político que fueron rechazados por la mayoría: los tres correístas (Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina), el independiente Bruno Segovia y el socialcristiano Pablo Muentes.

Esas pruebas se centraban en ampliar la etapa de análisis, es decir, a la época en la que se firmó el contrato de Flopec, en 2018. Para Segovia, la Comisión debe centrarse en la gestión del presidente Lasso.

Pedro Velasco (BAN) considera que tomar esa postura en esta etapa es adelantado e incluso atenta contra el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

Sin embargo, a Ana Belén Cordero no le preocupa que no se consideren esas pruebas porque Lasso ya acogió esos pedidos y llegarán a la Comisión de Fiscalización hasta este 13 de abril.

Se necesitan cinco votos a favor para aprobar un informe, pero no siempre se consiguen.

Por ejemplo, en el caso del juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), no alcanzaron los votos para respaldar el juicio en contra de los vocales, propuesto por los legisladores Ángel Maita y Mireya Pazmiño; y, Ricardo Vanegas y José Chimbo.

​​​​​En ese proceso, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, decidió que por la falta de informe de la mesa legislativa será el Pleno el encargado de dar paso al juicio político o archivar el expediente. Lo mismo ocurrió en el juicio político contra la exministra de Salud Ximena Garzón.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que si no hay un informe aprobado en caso de juicio contra ministros u otras autoridades, se remite al Pleno un informe de posturas. Sin embargo, el análisis de Cordero es que hay un vacío legal en caso de juicio al Presidente.

Gabriela Molina coincide en esa apreciación, así como en lo impredecible de las mayorías, sin embargo, tiene confianza de que la Comisión se apegue a un criterio a favor del juicio.

De todas maneras, la carta final para destituir al presidente Guillermo Lasso depende del Pleno. Ahí se necesitan 92 votos que todavía no se definen. La Izquierda Democrática y Pachakutik están divididos, los votos seguros serían del correísmo y del Partido Social Cristiano, algo que también se trasladaría a la Comisión, es decir, habría cuatro seguros y faltaría convencer a uno más.