Un juez del TCE acepta a trámite la denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Aquiles Álvarez

La denuncia de presunto proselitismo político realizada por Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue aceptada a trámite por un juez del Tribunal Contenciosos Electoral.

Así lo decidió el magistrado Joaquín Viteri, sorteado para esta causa. Él también abordó el proceso iniciado por la asambleísta Lucía Jaramillo en contra de Álvarez, en el que sentenció que sí hubo violencia política de género y ordenó que la autoridad municipal emita disculpas públicas y pague una multa de USD 9 660.

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Guarderas acusa de Álvarez de haber cometido proselitismo político en las elecciones generales de 2025 por una publicación en redes sociales la madrugada del 10 de abril, día en el que la candidata Luisa González hizo su cierre de campaña en Guayaquil.

"Mañana llenen la 9... reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos", publicó el alcalde de Guayaquil a las 00:54 de aquel día.

Guarderas calificó que la intención detrás de la publicación "no se puede maquillar aunque él quiera", alegando que indujo a votar a la aspirante del Movimiento Revolución Ciudadana, organización que apadrinó la candidatura de Álvarez en 2023.

El Código de la Democracia establece como una infracción electoral grave que los servidores públicos promuevan, en ejercicio de sus funciones, una preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato.

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Esta conducta puede ser sancionada con hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años, según lo establecido en la ley.

El juez Joaquín Viteri señaló mediante una resolución que Álvarez sea citado en el Palacio Municipal de Guayaquil y recordó que tiene cinco días para contestar en un escrito a esta denuncia.

Una vez se cumplan esos pasos, convocará una fecha para que se realice una audiencia oral única de pruebas y alegatos, cuya información será usada para el juez para decidir si hubo o no infracción electoral.