Ecuador presenta demanda en EE. UU. contra Progen por contratos termoeléctricos fallidos

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este martes 16 de diciembre que el Estado ecuatoriano presentó una demanda en Estados Unidos contra la empresa Progen, una compañía estadounidense contratada por el Gobierno Nacional para la generación de electricidad en Quevedo (Los Ríos) y en Salitral (Guayas). Sin embargo, los proyectos no se concretaron, pese a que el Estado desembolsó 108 de los 149 millones de dólares establecidos en los contratos.

En su cuenta en X, el jefe de Estado señaló que la demanda fue presentada este lunes 15 de diciembre. "Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país", indicó.

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De su lado, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que la demanda fue presentada "bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)". Esta normativa, vigente desde 1970, permite procesar penal y civilmente a personas o empresas que formen parte de una organización que comete delitos de manera sistemática o continuada.

La funcionaria añadió "esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización".

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) adjudicó los contratos a Progen en 2024 como parte de la estrategia para solventar la crisis energética.

Ese mismo organismo firmó otro contrato con la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), por el que el Estado pagó otros USD 71 millones para aportar desde Esmeraldas entre 90 y 150 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Esta obra también es fallida. ATM abandonó el proyecto y los equipos. Lo que dejó fueron fierros y maquinaria vieja e inservible.

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En Ecuador, la Fiscalía inició en julio de 2025 una investigación relacionada con los procesos de contratación que realizó la Celec, pero hasta ahora no hay detenidos ni se ha recuperado algo de lo invertido. La Contraloría y la Asamblea Nacional también indagan estos casos.