Opacidad y cuestionamientos en el concurso para renovar a los jueces de la Corte Nacional

La función Judicial se mantiene en crisis. En medio de cuestionamientos avanza el concurso para la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a cargo del Consejo de la Judicatura (CJ).

Las críticas al concurso han escalado de tal manera que el mismo CJ emitió un comunicado, el 16 de octubre, en el que informan que el concurso se desarrolla "con total normalidad y transparencia".

Actualmente, el concurso se encuentra en la fase de pruebas psicológicas a los aspirantes. Para ello, la Judicatura selecciona a los profesionales en la rama, para que evalúen la idoneidad de los aspirantes, es decir, que tengan las "competencias emocionales y éticas, necesarias para ejercer la Judicatura".

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El boletín emitido por el CJ se publica luego de una serie de denuncias que alertaban que al postulante Magno Intriago se le aumentó 20 puntos en la fase de recalificación de méritos.

Inicialmente había obtenido 29 puntos, insuficiente para pasar a la siguiente etapa, porque el mínimo es 30.

Ese valor se le asignó porque Intriago cargó su documentación en un solo archivo de 66 fojas, pero el reglamento establece que se deben cargar de manera individual cada requisito de postulación y méritos en cada componente y categoría. Es decir, se consideró solamente el primero.

En un memorando firmado por el director general, David Guzmán, dispone a la Dirección de Talento Humano que se considere el puntaje establecido en la plataforma tecnológica, tras encontrar la inconsistencia en el valor de la recalificación de la plataforma y el informe del tribunal de recalificación, integrado por un representante del Consejo de la Judicatura, delegado del Director General y de la Dirección Nacional de Gestión Procesal.

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El exdirector general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, cuestiona que el tribunal no haya considerado ese error del postulante y pida que se aumenten 20 puntos; sin embargo, aclara que en el instructivo del concurso consta que lo decidido por el tribunal tiene una característica de última instancia, es decir, no podría intervenir el director general y al hacerlo, da la posibilidad de que presente una acción de protección y retornar al concurso.

Una de las críticas al concurso de méritos y oposición es la idoneidad de los vocales del Consejo de la Judicatura para llevar adelante ese procedimiento.

Peñaherrera explica que, cuando estuvo en funciones, llevó a cabo el proceso para la selección de los jueces especializados en corrupción y crimen organizado y se estableció como norma básica que las personas que participen en el concurso no estén involucradas en casos penales.

"Igual o mayor cuidado se debió tener para la selección de jueces de la más alta corte ordinaria del país", asegura Peñaherrera, haciendo referencia a que la mayoría de los vocales de la Judicatura son procesados por la justicia.

Sobre el presidente Wilman Terán pesa una investigación abierta por presunta obstrucción de la justicia, la Fiscalía abrió ese procedimiento por el caso Las Torres y el caso Vocales, que se refiere al proceso por tráfico de influencias contra los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo.

Contra Xavier Muñoz se abrió la investigación por el mismo delito, aunque también enfrenta otra por lavado de activos.

Al abogado penalista, Ramiro García, exsubdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, le preocupa que los vocales de la Judicatura que son investigados por la Fiscalía probablemente escojan a los jueces que conozcan sus casos.

Peñaherrera cree que el presidente Terán y el vocal Muñoz deberían excusarse y permitir que sus suplentes se principalicen y lleven a cabo la designación de los jueces.

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A lo anterior, se suma que el concurso cambió a la mitad. El Consejo de la Judicatura, con los votos de Terán y Muñoz, aprobó la extensión del periodo de funciones de seis magistrados de la Corte Nacional.

Cuatro estaban por terminar su período en enero próximo y otros dos salían en 2027. Pero ahora se quedarán hasta 2030. Se trata de Fabián Racines, Rosana Morales, Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera.

Los tres últimos conforman el tribunal de revisión del Caso Sobornos. En caso de que el expresidente Rafael Correa, Jorge Glas o cualquier otro sentenciado en esta causa busquen anular la condena de 8 años por cohecho, serán ellos los que decidan.

Rivera, además, tiene en sus manos el proceso penal que la Fiscalía abrió por obstrucción de la justicia, que se conocerá el próximo viernes 20 de octubre, y el nuevo caso contra Jorge Glas.

Guillén, en cambio, confirmó el sobreseimiento de los 18 procesados por el caso Dhruv, lo que la Fiscalía cuestionó porque con esa decisión se dejaba en impunidad el delito.