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Corte Constitucional analizará demandas contra Ley de Integridad Pública el 27 de agosto
La audiencia se desarrollará de forma telemática. El organismo fijó la fecha tras varias solicitudes de diferimiento.
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Imagen del 12 de agosto de 2025 del edificio de la Corte Constitucional, en Quito. ( )
La Corte Constitucional (CC) fijó para las 10:00 del miércoles 27 de agosto la audiencia en la que se evaluarán las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, una de las tres normativas impulsadas por el Ejecutivo que fueron suspendidas parcialmente por el propio organismo. La diligencia se desarrollará de forma telemática, mediante la plataforma Zoom.
En este proceso intervienen la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), estos dos últimos en calidad de demandantes.
Inicialmente, la Presidencia, el Parlamento y la Asofipse solicitaron el diferimiento de la audiencia. Sin embargo, el Ejecutivo cambió de posición. El 14 de agosto, Stalin Santiago Andino González, secretario jurídico del Gobierno Nacional, presentó un escrito desistiendo del aplazamiento. No obstante, solicitó que la diligencia se realizara de forma presencial, pedido que la Corte no acogió.
Esta audiencia ha sido confirmada en medio de un pugna entre el Ejecutivo y la CC. El 4 de agosto, el organismo suspendió provisionalmente 17 artículos de la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública. Estas tres normativas fueron impulsadas y aprobadas en el nuevo periodo presidencial de Daniel Noboa, que inició el 24 de mayo pasado.
La CC alegó violaciones a derechos como la privacidad, el debido proceso y la libertad de expresión.
Esas decisiones derivaron en una campaña contra la CC, que el martes se evidenció en una masiva manifestación en Quito contra el organismo. Esa marcha fue organizada por el mismo Gobierno.
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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tachó de "inaceptables" los ataques contra los magistrados, mientras que Amnistía Internacional (AI) defendió que la CC debe operar sin presiones políticas.
La CC es el único poder que durante estos casi dos años de mandato ha sido un contrapeso para algunas de las decisiones de Noboa.
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