El Control Disciplinario de la Judicatura detectó fallas en la tramitación y resolución de procesos disciplinarios contra servidores

La sesión ordinaria Nro. 105-2025, del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), se desarrolló este jueves 27 de noviembre de 2025. Con el voto unánime de las autoridades, se destituyó, por tercera ocasión, al exjuez del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, quien en 2023 acogió medidas cautelares y restituyó los derechos políticos del exvicepresidente Jorge Glas.

El exjuzgador ordenó que se informe al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la decisión que adoptó, dispuso que se levanten los impedimentos que tenía Glas para ejercer cargo en el sector público y que se informe de esa medida al Ministerio del Trabajo.

La decisión fue tomada, pese a que, para esa fecha, el ex segundo mamndatario tenía sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho. Con su actuación -se indicó en el CJ- el exservidor judicial contravino lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 27 de la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

De esta forma, incurrió en la falta gravísima de error inexcusable establecida en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si bien el servidor ya no es parte del servicio judicial en la actualidad, esta medida asegura que, si presenta una acción contenciosa administrativa o constitucional, no le baste con revertir una sola destitución, sino todas, lo cual dificulta su retorno al sistema de justicia.

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También se conoció el informe técnico preparado por la Subdirección de Control Disciplinario del CJ sobre irregularidades detectadas en la tramitación y resolución de procesos disciplinarios contra servidores judiciales de Pichincha e Imbabura, en donde se realizó una investigación.

Los resultados indican que, en Pichincha, entre el 2 y el 11 de junio de este año, se revisaron 400 expedientes resueltos entre el 2023 y 2025. Tras el análisis, se verificó que 17 casos fueron resueltos inobservando la normativa vigente.

También se hallaron seis casos que registraron irregularidades al momento de inadmitir las denuncias y 16 procesos con falencias en la investigación. De otro lado, en Imbabura se revisaron aleatoriamente expedientes disciplinarios resueltos entre el 2022 y 2024.

Se identificaron siete investigaciones con diversas irregularidades en su tramitación y resolución, como falta de motivación en las resoluciones; y procedimientos disciplinarios que culminaron sin seguir el debido proceso.

En virtud de ello, las autoridades dispusieron el inicio de los sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. El objetivo es aplicar los correctivos necesarios y aplicar las sanciones que correspondan.

Este trabajo es parte de una estrategia nacional que tiene el propósito de evitar que los expedientes disciplinarios sean archivados sin cumplir los pasos legales establecidos, informó el CJ.

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