15 abr 2020 , 07:42

Aportes de empresas y ciudadanos permitirían recaudar más de USD 900 millones

Ministro de Finanzas Richard Martínez compareció de manera virtual ante la Asamblea.

El Gobierno enviará a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con carácter de económico urgente para enfrentar la crisis que deja el coronavirus en Ecuador, así lo informó el ministro de Finanzas Richard Martínez este miércoles 15 de abril durante una comparecencia virtual ante los legisladores. 

 

 

Los proyectos, que aún no tienen una fecha de arribo al Parlamento, han sido denominados de la siguiente forma: 

 

- Proyecto de Ley de Emergencia Humanitaria  

- Proyecto de Reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip)

 

El primer documento contempla la contribución temporal de un porcentaje de los salarios de empleados públicos y privados que ganen más de 500 dólares al mes, además del aporte de unas 1500 empresas que tuvieron utilidades de más de USD 1 millón en 2018. Las compañías deberán reembolsar el 5% de esa utilidad en tres pagos mensuales.

 

Solo con estas aportaciones el régimen prevé recuadar más de 900 millones de dólares.  

 

La ley también incluiría la iniciativa de buscar acuerdos "equitativos" entre empleadores, empleados, proveedores y acreedores para efectuar los pagos, explicó Martínez. 

 

Respecto a temas laborales, el ministro indicó que se analiza la posibilidad de que las empresas suspendan la jornada laboral por tres meses.

 

Cuestionado sobre el pago de salarios de marzo, que aún no se concreta para varias intituciones del sector público, Martínez admitió problemas en la caja fiscal. 

 

"Esperamos el día de mañana seguir completando (el pago) a Educación de una forma mucho más agresiva". Justificó el atraso por la falta de liquidez y dijo que espera regularizar esta situación con ingresos petroleros, tributos y financiamiento externo.  

 

En ese contexto Martínez fue criticado por su decisión de pagar 325 millones de dólares de deuda externa, en plena emergencia sanitaria. Por esta decisión, el bloque correísta anunció un juicio político en su contra.     

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