Abdalá Bucaram y su abogado reaccionan ante la decisión del departamento de Estado de EE.UU.

El departamento de Estado a través de una declaración de su portavoz, Ned Price, informó que designaron al expresidente Abdalá Bucaram Ortíz como no elegible para entrar a los Estados Unidos.

En el comunicado remitido se exponen como motivos: su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos. El comunicado también señala que el expresidente Bucaram todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública.

Abdalá Bucaram a través de su cuenta Twitter, expresó lo siguiente: "Luego de 26 años Estados Unidos se recuerda que soy corrupto. Ósea, me tumban, me ofrecen abrir la documentación del asesinato de Jaime y Martha en 2011, no lo hicieron. Jamás fui sentenciado en mi país, pero ellos también designan como no elegible para entrar a los Estados Unidos a la esposa de Bucaram, María Rosa Pulley y a sus hijos Jacobo, Abdalá y Michel Bucaram Pulley. Esto es una locura".

La embajada de Estados Unidos en Ecuador indicó en un comunicado que en ese país no hay límite de tiempo para una resolución como la que tomaron.

Ahora el abogado de la familia Bucaram, señala que con esta decisión Estados Unidos pretende interferir en el único proceso judicial que contra Bucaram y su hijo Jacobo todavía está abierto. El que se sigue por presunta delincuencia organizada. Según la Fiscalía, se detectaron irregularidades en la compra de pruebas para detectar el COVID-19 en los primeros meses de la pandemia. En este proceso los Bucaram fueron declarados inocentes en primera instancia, pero la sentencia fue revocada.

Bucaram en el último año ha sido declarado inocente en otros dos procesos que se siguieron en su contra por tráfico de bienes culturales y posesión de armas de fuego. La Embajada Norteamericana indicó que continuará tomando medidas enérgicas contra el financiamiento ilícito, congelando activos robados, denegando o revocando visas, a través de sanciones anticorrupción y de acciones civiles y penales.