Estos derechos están limitados o suspendidos con el estado de excepción en Guayaquil, Durán, Samborondón, Santa Elena y Los Ríos

Desde este domingo, 2 de abril de 2023, rige por 60 días un decreto de estado de excepción y toque de queda dispuesto por el presidente Guillermo Lasso en las ciudades contiguas de Guayaquil, Durán y Samborondón, al igual que para las provincias de Santa Elena y Los Ríos, lugares con altos índices de violencia.

El Presidente dictó esta medida como parte de una "cruzada por la seguridad" en la que estarán implicados militares y guardias privados ayudando a la Policía y en la que además autorizó a los ciudadanos a la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley.

En estas jurisdicciones el horario de toque de queda rige durante la madrugada, específicamente de 01:00 a 05:00. En este lapso no se puede transitar libremente por las calles ni permanecer en espacios públicos, sopena de sanciones.

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Este plazo de 60 días se fundamenta, según el Decreto firmado por Lasso, "en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público, y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados".

Por eso la medida viene acompañada con una restricción de derechos ciudadanos, por lo que es muy importante tenerlos en cuenta.

Cuando el presidente restringe derechos en una estado de excepción, estos deben estar claramente descritos y motivados en un Decreto Ejecutivo. En este caso, el documento señala que durante 60 días, únicamente se limitan o se suspenden los siguientes derechos:

En el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 706 firmado por Lasso y que tiene vigencia desde este 2 de abril, se dispone limitar el derecho a la libertad de reunión en el ámbito territorial señalado, en estricta relación a los motivos del estado de excepción y con apego al respeto de las demás garantías constitucionales.

La limitación del derecho a la libertad de reunión de las personas, consiste en impedir la propagación de acciones violentas tales como las que dieron lugar a este estado de excepción.

En tal sentido, la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y la seguridad ciudadana.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio implica que las autoridades pueden realizar allanamientos sin necesidad de contar con la autorización del propietario o de un juez.

El artículo 6 se refiere a suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio únicamente en el espacio territorial delimitado por este Decreto Ejecutivo, es decir, para Guayaquil, Durán, Samborondón, Santa Elena y Los Ríos.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la posibilidad de realizar inspecciones y requisas por la fuerza pública, tendientes al hallazgo de espacios de almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización, armas y explosivos, a fin de desarticular amenazas en curso o futuras, según el texto.

Esta medida excepcional (que durará 60 días) es necesaria para prevenir posibles atentados y actos violentos derivados del enfrentamiento entre grupos delincuenciales organizados, dice el documento.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, enviada o recibida, pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el cometimiento u ocultamiento de algún ilícito, en particular relacionados a posibles atentados y actos delincuenciales.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia enviada o recibida implica que las autoridades pueden interceptar y leer el contenido de las comunicaciones privadas que se realicen por cualquier medio, sin la autorización del destinatario o el emisor.

Es decir, durante estos 60 días y únicamente en el territorio descrito, no se requerirá de que un juez ordene escuchas telefónicas o interceptación de mensajes para que las autoridades realicen las investigaciones.

El artículo 8 del mencionado Decreto dispone un toque de queda al suspender el derecho a la libertad de tránsito, todos los días durante los próximos dos meses desde las 01:00 hasta las 05:00.

Las personas que circulen durante el horario del toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente, se advierte. Pero se exceptúa de la restricción a los siguientes sectores:

El Ministerio de Gobierno podrá autorizar la realización de actividades tales como eventos públicos, actividades turísticas y similares en lugares donde no exista riesgo de violencia, previa evaluación de la misma.

Las personas que se encuentren inmersas en estas excepciones deberán acreditarlo documentadamente, ya que la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los agentes de control de tránsito están facultados para exigir la documentación que acredite encontrarse en una actividad exceptuada a toda persona que circule en el horario de toque de queda.