Malestar en la Policía: cuando hay más arrestos domiciliarios se reducen los uniformados contra la delincuencia

En Manabí existen 54 arrestos domiciliarios, uno de ellos es del juez Banny Molina, quien otorgó el más reciente habeas corpus a Jorge Glas y Daniel Salcedo, y quien enfrenta dos procesos judiciales.

Existe malestar en la Policía porque debe sacar a los uniformados del control de la delincuencia para que custodien a los procesados en sus casas.

Al juez Molina, que no fue a la cárcel, sino a su domicilio, también “se le dictó prohibición de salida del país” y se pidió al sistema penitenciario que le coloque un dispositivo de vigilancia electrónico, esto dentro del proceso por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Juez que reemplaza a Banny Molina evalúa trámite de Glas y Salcedo

Molina ya había sido suspendido por el presunto delito de prevaricato, el pasado viernes, cuando giró las boletas de excarcelación en favor de Glas, Salcedo y un reo más que fue el peticionario del habeas corpus.

Por eso afronta ahora una instrucción fiscal que durará 90 días y durante ese tiempo deberá permanecer en su domicilio.

El comandante de la Policía de Manabí, Patricio Armendáriz, menciona que para cumplir ésta disposición debe sacar de las calles a los uniformados que están trabajando en la seguridad ciudadana.

"Debemos destinar en cada caso tres policías por cada día, lo que afecta nuestra capacidad operativa".

SNAI apeló el habeas corpus de Jorge Glas y Daniel Salcedo

De los 54 ciudadanos que están con arresto domiciliario en Manabí, 18 fueron dictados por el propio Molina cuando era juez activo.

El abogado penalista Fabián Salazar, que antes fue fiscal, expresa que los arrestos domiciliarios deben ser técnicos, pues en el artículo 537 del código orgánico integral penal consta en qué circunstancias "la prisión preventiva podrá ser sustituida por arresto domiciliario".

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura de Manabí revela que además de la denuncia contra el juez Molina, la institución tiene 213 expedientes disciplinarios por resolver respecto a otros funcionarios judiciales, por temas administrativos y actos de corrupción.