Más de 270 mil personas LGBTIQ+ viven en Ecuador, según datos oficiales. La cifra representa el 2,4 % de la población adulta nacional.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) incluyó una pregunta sobre orientación sexual e identidad de género en sus encuestas oficiales. El resultado sorprendió incluso a las organizaciones más veteranas: más de 270.000 personas mayores de 18 años se identificaron como parte de la población LGBTIQ+ en Ecuador.
La cifra representa el 2,4 % de la población adulta nacional, según datos del Censo Experimental de Población LGBTI+ 2022–2023. Este hito estadístico posiciona a Ecuador como uno de los primeros países latinoamericanos en reconocer oficialmente a la diversidad sexo-genérica dentro de sus herramientas de política pública.
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¿Qué revelan los números? El informe detalla que 221.721 personas declararon tener una orientación sexual diversa. De ese grupo, el 55 % se identificó como lesbiana, el 36 % como gay y el resto como bisexual u otra categoría.
En cuanto a identidad de género, 110.519 personas se reconocieron fuera de la norma cisgénero:
- 58 % se identificó como transmasculino
- 40 % como transfemenino
- Un pequeño, pero creciente grupo, 1,6 %, se declaró no binario o género fluido.
Estos datos, recopilados de manera voluntaria y anónima, reflejan una realidad que durante décadas fue invisibilizada por la falta de medición oficial. Y aunque las cifras no abarcan al 100 % de quienes podrían formar parte de la comunidad —por miedo, discriminación o desconocimiento—, representan una base sólida para diseñar políticas públicas con enfoque inclusivo.
Para expertos del Consejo de Igualdad de Género, contar con estadísticas oficiales permite reconocer a la diversidad como parte estructural del país, y no como una excepción. Hasta ahora, los datos sobre personas LGBTIQ+ provenían casi exclusivamente de ONG, universidades o encuestas pequeñas con alcance limitado.
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A escala internacional, organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han reconocido este avance como un modelo para la región. En su Índice de Inclusión LGBTI 2023, Ecuador aparece como uno de los países con mayor apertura institucional para levantar información confiable.
En cuanto a identidad de género, 110.519 personas se reconocieron fuera de la norma cisgénero:
- 58 % se identificó como transmasculino
- 40 % como transfemenino
- Un pequeño, pero creciente grupo, 1,6 %, se declaró no binario o género fluido.
Estos datos, recopilados de manera voluntaria y anónima, reflejan una realidad que durante décadas fue invisibilizada por la falta de medición oficial. Y aunque las cifras no abarcan al 100 % de quienes podrían formar parte de la comunidad —por miedo, discriminación o desconocimiento—, representan una base sólida para diseñar políticas públicas con enfoque inclusivo.
Para expertos del Consejo de Igualdad de Género, contar con estadísticas oficiales permite reconocer a la diversidad como parte estructural del país, y no como una excepción. Hasta ahora, los datos sobre personas LGBTIQ+ provenían casi exclusivamente de ONG, universidades o encuestas pequeñas con alcance limitado.
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A escala internacional, organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han reconocido este avance como un modelo para la región. En su Índice de Inclusión LGBTI 2023, Ecuador aparece como uno de los países con mayor apertura institucional para levantar información confiable.
¿Dónde viven, cuántos estudian, qué problemas enfrentan?
Si bien el dato nacional ha marcado un precedente, el reto ahora es profundizar la información. El INEC prepara para 2025 la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTIQ+, que buscará identificar brechas en empleo, salud, educación, seguridad y participación social.
Esa futura encuesta permitirá responder preguntas como:
- ¿En qué regiones hay mayor visibilidad o exclusión?
- ¿Tienen acceso a salud integral?
- ¿Qué porcentaje ha sufrido discriminación en sus estudios o trabajos?
Para colectivos ciudadanos, esta información será clave para crear políticas territoriales específicas, combatir la violencia institucional y promover la educación en diversidad desde las aulas.
Aunque los derechos como el matrimonio igualitario, el cambio de nombre en la cédula y las ordenanzas municipales contra la discriminación ya están en vigencia, muchos aún no se aplican plenamente. Tener estadísticas claras fortalece la exigencia del cumplimiento de esos derechos.
El 2,4 % registrado por el INEC no es solo una novedad técnica. Es un paso cultural, político y social. Es un número que da voz a una comunidad que ha luchado durante años por ser visible, contada y respetada.
En un país donde los derechos se han ganado en las calles, en los tribunales y ahora también en los formularios oficiales, esta cifra se convierte en una herramienta de transformación.
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