Crisis carcelaria: ¿quién debería administrar el SNAI?

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en entrevista para Contacto Directo, dijo que la primera medida a tomar para solucionar la crisis carcelaria está en depurar la Policía Nacional; por lo que no ve adecuado que nuevamente se encargue a un perfil cercano a esa institución la titularidad del organismo a cargo de las cárceles.

El presidente Guillermo Lasso nombró a Guillermo Rodríguez, policía en servicio pasivo, como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), luego de las matanzas en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) y la Cárcel de Cotopaxi.

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Para Navarrete, ese cambio muestra que el Gobierno continúa con la misma tónica de cambiar las autoridades sin proponer cambios de raíz. A su criterio hay una permisividad y una naturalización, ante las matanzas, por parte del Gobierno.Muestra de ello, son las alertas por parte de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, que responsabilizan a las autoridades por no tener un control de los centros penitenciarios.

Navarrete dice que no conoce a Guillermo Rodríguez, pero espera que tenga conocimientos de rehabilitación social, explica que es momento de cambiar la perspectiva y dar la posibilidad de preparación de las personas privadas de la Libertad.

Otra clave que visualiza el defensor de los derechos humanos es que se controle la economía ilícita mediante la cual operan las bandas delictivas.

"Mientras haya armas en las cárceles, la paz será efímera", asegura Navarrete. Prueba de ello fue lo conocido este fin de semana, cuando un policía fue sorprendido dejando un paquete con 774 municiones para fusil en el baño de la Penitenciaría del Litoral.

El vocero cuenta que en numerosas ocasiones se han puesto a disposición del Gobierno para atender la crisis y asesorar, pero no han tenido respuestas positivas.

El Gobierno Nacional emprendió un censo penitenciario con el objetivo de conocer la cantidad de personas que están privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país.

Sin embargo, ese proceso se detuvo en el complejo Guayas, luego de la matanza en la Penitenciaría. Eso muestra que la violencia no permite concretar medidas que se toman para frenar precisamente ese tipo de episodios.

Otro tema que ha generado preocupación es la atención a los familiares de los reos, quienes, permanecen en los exteriores de la cárcel, escuchando detonaciones y esperando noticias de sus seres queridos. Incluso, la policía ha reaccionado agresivamente contra esas personas, con uso indebido de la fuerza.