Crisis carcelaria: "El Estado deja que mueran los reclusos y solo interviene tras los disturbios", denuncia ONG

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador denunció este jueves una desproporcionada represión contra los familiares de reclusos en la Penitenciaría del Litoral ubicada en Guayaquil, donde se produjo una nueva masacre de reos, en lo que consideró como un probable "escenario de genocidio" carcelario.

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El CDH, en un comunicado, denunció que familiares de los reos, sobre todo mujeres, que anoche clamaban por información sobre la situación de sus parientes, fueron agredidas por policías.

También periodistas que cubrían el motín carcelario y varios activistas de derechos humanos sufrieron agresiones de los agentes que custodiaban las calles aledañas del centro penitenciario.

La reyerta en esa prisión dejó al menos 13 reos asesinados y 22 heridos, y sucedió a otro episodio similar ocurrido el lunes en la cárcel de Cotopaxi, que dejó 16 reclusos fallecidos y 43 con heridas.

La tensa situación en la Penitenciaría de Guayaquil, donde se escucharon tiroteos y fuertes explosiones, llevó a decenas de familiares a reclamar "in situ" por la integridad de sus parientes, según señaló el CDH en un comunicado difundido este jueves.

Cuando los familiares exigían respuestas a las autoridades, un grupo de policías los desalojó "ejerciendo un uso desproporcionado de la fuerza", relató el organismo de derechos humanos.

"Lanzaban gases lacrimógenos al rostro de las familias y acorralaron e intimidaron a periodistas que se encontraban cubriendo estos acontecimientos", agregó la fuente.

En redes sociales también se han publicado vídeos en los que policías patean y golpean a mujeres que decían estar indignadas por la falta de información por parte de las autoridades.

Además, se informó que activistas como Billy Navarrete y Vivian Cartagena recibieron amenazas, pese a haberse identificado como integrantes de un organismo de derechos humanos. Mientras que la investigadora del CDH, Valeska Chiriboga, fue agredida por policías.

Tras los acontecimientos del miércoles, el CDH emitió un informe en el que concluye que en ninguna de las ocho masacres carcelarias entre reos ocurridas desde 2020 ha existido una "recuperación del control" total de las prisiones por parte del Estado.

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"La dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y, luego de los disturbios, ingresan", opinó el organismo no gubernamental, tras indicar que fueron grupos de reclusos los que pedían el ingreso de policías y militares para intentar parar la masacre entre bandas contrarias.

Además, "el ataque represivo y desproporcional que recibieron periodistas, equipo del CDH y las familias, constituyen graves violaciones a los derechos humanos", agregó al insistir que las mujeres que visitan a sus parientes en la prisión suelen sufrir tratos crueles.

"Los tratos que está ejerciendo el Estado contra ellas, constituirán un claro escenario de tortura que será denunciado respectivamente ante organismos nacionales e internacionales", apuntó.

Además, alertó de que "las condiciones de las masacres carcelarias que son escenarios recurrentes, predeterminados y que ocurren bajo la permisividad del Estado por acción y omisión, constituyen un escenario de genocidio".

Por esas razones, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hizo responsable al presidente del país, Guillermo Lasso, por la integridad de su personal que ha recibido amenazas por parte de fuerzas policiales.

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"El Estado es responsable de las masacres carcelarias, del sufrimiento y agresión permanente ejercida hacia las familias de las personas en prisión, las cuales merecen una debida reparación integral", añadió el CDH.

En las cárceles de Ecuador han muerto más de 100 presos en lo que va de este año y más de 450 desde 2020, la gran mayoría en una serie de matanzas entre bandas de reclusos que se disputan el control interno de las prisiones del país.