Fundaciones de Ecuador con fondos congelados ya sufren las consecuencias

El bloqueo de fondos a fundaciones y organizaciones sociales empieza a generar serias consecuencias. Programas educativos y de atención a comunidades indígenas se encuentran paralizados. Las entidades afectadas no pueden pagar sueldos ni cumplir con sus proveedores, mientras la cooperación internacional duda en continuar desembolsando el financiamiento comprometido.

Desde finales de septiembre e inicios de octubre, varias fundaciones y organizaciones sociales denunciaron que sus cuentas fueron congeladas. Aunque no hay una cifra oficial de cuántas han sido afectadas, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conoce al menos seis casos.

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"Nos hemos acercado a la Superintendencia de Bancos, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, pero nos dicen que son procesos reservados", señaló María Espinosa, vocera de la Alianza.

Con cerca de un mes sin acceso a sus recursos, las fundaciones comienzan a desesperarse, al igual que las agencias internacionales que las financian.

"Por un lado, está la incertidumbre, porque dicen: ‘yo te transfiero los fondos, pero quedan congelados’. ¿Cuál es el proceso para descongelarlos? ¿Existe el riesgo de que esos fondos terminen en manos del propio Estado?", cuestionó Espinosa.

"El daño más grave es dejar de cumplir con los proyectos en salud, educación, monitoreo territorial, gestión ambiental. Todo eso queda paralizado", agregó.

Un ejemplo es la Fundación Alianza Ceibo, que trabaja con cuatro nacionalidades indígenas de la Amazonía y tuvo que suspender su programa educativo.

Entre las organizaciones que han denunciado la inmovilización de sus fondos o de las cuentas de sus dirigentes están la Fundación Pachamama, la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Alianza Ceibo, Pakkiru, Yasunidos, el Frente Nacional Antiminero, el Cabildo por el Agua de Cuenca y la Federación Shuar.

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Además de los proyectos suspendidos, las entidades no pueden pagar a sus empleados, proveedores, ni cumplir con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Varias de ellas han interpuesto acciones legales y ya hay audiencias fijadas para noviembre. Esperan que los jueces levanten la medida y puedan volver a disponer de sus fondos para retomar sus actividades.