Estos son los puntos clave de la Ley de Fundaciones, el nuevo proyecto urgente de Daniel Noboa

El proyecto de Ley Urgente para el Control de Flujos Irregulares de Fondos, enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, está centrado en controlar el financiamiento y el uso de recursos de las organizaciones sociales.

La necesidad de esta normativa, de acuerdo al mandatario, es por la opacidad en el funcionamiento de estas organizaciones, lo cual puede ser un caldo de cultivo para el lavado de activos y actividades delictivas, desviando recursos que deben destinarse para el bienestar social.

Si entra en vigencia, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, ONGs, organizaciones comunitarias o entidades sin fines de lucro, tendrán que cumplir ocho obligaciones. Una de ellas es que tendrán 90 días para inscribirse en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Suios), administrado por el Ministerio de Gobierno.

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Si no lo hacen, serán suspendidas temporalmente y la reincidencia ocasionará que sean eliminadas.

Las organizaciones deberán proporcionar información sobre sus estructuras, fuentes de financiamiento, proyectos y resultados a los organismos gubernamentales que lo requieran y que serán definidos en el reglamento. Para ello deberán establecer mecanismos de rendición de cuentas ante sus beneficiarios, donantes y ciudadanía.

El proyecto ordena que implementen mecanismos para prevenir el uso indebido de fondos. Entre ellos auditorías internas y externas, registro de transacciones y reportes períodicos del uso de fondos.

El texto contempla que las organizaciones implementen políticas para conocer a sus donantes, socios estratégicos, proveedores y beneficiarios. y también un sistema que incluye publicar resultados, fuentes de financiamiento, estados financieros y reportes de gestion anuales y nombrar a un responsable institucional de cumplimiento.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será el organismo público que vigilará, auditará y supervisará el funcionamiento de las organizaciones y aplicará las sanciones por el uso indebido o desvío de los fondos en relación a los fines declarados.

La Ley de Fundaciones también plantea que las utilidades que reciban los socios de las empresas en Ecuador tengan un impuesto del 12 %.

El presidente Daniel Noboa también busca que los recursos congelados en el sistema financiero pasen a una cuenta en el sector público.

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En una disposición transitoria propone que esos montos de dinero retenidos con orden judicial, relacionados con posibles operaciones o procesos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo o fraude, deberán ser transferidos a una cuenta única administrada por el Estado, conforme determine el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo máximo de 30 días.

Así, La Ley de Fundaciones plantea modificar varios artículos de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; de la Ley de Participación Ciudadana; de la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos; y de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Valentina Centeno, legisladora de ADN y presidente de la Comisión de Desarrollo Económica de la Asamblea, sostiene que ciertas fundaciones han funcionado como vehículos para financiar la delincuencia organizada, la minería ilegal o movilizaciones violentas en contra del Gobierno.

El proyecto no expone casos ni da nombres de fundaciones, corporaciones, organizaciones comunitarias o entidades sin fines de lucro que hayan caído en estos casos, pero asegura que funcionan sin control.

El documento expone algunos datos: dice que hay 71 786 organizaciones sociales registradas, de acuerdo al Grupo Faro. De ellas, 61 025 se consideran vigentes, mayoritariamente en Pichincha, Guayas y Manabí. El 48 % están registradas en el MIES, el 20 % en el Ministerio de Trabajo y el resto en otros ministerios.

El 44 % de las organizaciones financian su actividad con aportes de sus miembros, el 15 % prestando servicios, otro 15 % con cooperación internacional y el resto con aportes públicos o privados.

El documento asegura que se desconoce los pormenores de la actividad de las organizaciones, pero que hay una concentración de fondos en las grandes, Quito y Guayaquil absorben el 70% del financiamiento internacional, sin control ni rendición de cuentas.

El Ejecutivo dice que el proyecto que es necesario para controlar esos recursos y evitar que sirvan para financiar actividades ilícitas.