17 jun 2025 , 20:05

La Asamblea tramitará un proyecto de ley que posibilita a empresas privadas administrar áreas protegidas

El Gobierno reconoció no tener recursos para las áreas protegidas que representan casi el 20% del territorio y que son acosadas por los grupos de delincuencia organizada.

   

El sector privado podrá administrar las reservas naturales del país; esto, si la Asamblea aprueba la Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Ese es el tercer proyecto de ley urgente enviado por el presidente Daniel Noboa al Legislativo.

El proyecto tiene cinco artículos y establece tres modelos de administración de las áreas protegidas. El primero, de administración directa del Estado, por parte del gobierno central o de los gobiernos locales. El segundo permite contratos de intervención, administración y operación de privados, nacionales o extranjeros, y el tercero involucra mecanismos como la administración comunitaria.

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Los privados podrán administrar, a corto o mediano plazo, siempre cuando los contratos incluyan al menos uno de los cinco objetivos planteados en la Ley:

  • Prestación de servicios turísticos.
  • Facilitación del disfrute ciudadano de las áreas naturales.
  • Prestación de servicios ambientales.
  • Protección ambiental.
  • Investigación científica.
  • El Gobierno reconoció no tener recursos para atender a las áreas protegidas

    La ley permitirá la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas para asegurar el perímetro de las áreas protegidas. No elimina a los guardaparques, que seguirán cumpliendo sus funciones y en las zonas de difícil acceso prevé usar tecnologías para vigilancia.

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    El Gobierno reconoce no tener recursos para las áreas protegidas que representan casi el 20% del territorio y que son acosadas por los grupos de delincuencia organizada y sus actividades de minería, pesca, tala indiscriminada y tráfico de especies.

    La Asamblea empezará el debate de la nueva ley urgente la próxima semana, una vez que concluya el trámite de la Ley de Integridad Pública.

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