Presupuesto para 2026: el recorte de USD 128,9 millones a las universidades reconfigura la educación superior en Ecuador

La aprobación de la proforma presupuestaria 2026 por parte de la Asamblea Nacional marcó el inicio de uno de los debates más intensos de los últimos años sobre el futuro de la educación superior en Ecuador.

Aunque el Gobierno sostiene que el presupuesto general para el sistema universitario incrementa en términos globales, la letra pequeña ha dejado al descubierto que 19 universidades públicas recibirán menos recursos que en 2025, lo que suma una disminución total de USD 128,9 millones.

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El Ejecutivo argumenta que estos ajustes responden a una redistribución basada en nuevos criterios de asignación. Sin embargo, para rectores, docentes y estudiantes, la reducción llega en un momento especialmente frágil: aumento de matrícula, inflación operativa, brechas tecnológicas persistentes, incremento de demanda postpandemia y un ecosistema de investigación que todavía lucha por consolidarse.

Entre todas las instituciones, la Universidad Intercultural Amawtay Wasi es la que enfrenta el golpe más duro. Su presupuesto cae alrededor del 69 %, pasando de unos USD 12,2 millones en 2025 a poco más de USD 3,7 millones para 2026.

El impacto es especialmente sensible porque Amawtay Wasi atiende a comunidades indígenas, rurales y grupos históricamente excluidos del sistema universitario.

El ajuste también recae en instituciones de alta matrícula. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador pierde más de USD 15 millones. La ESPE registra una reducción cercana a los USD 20 millones. Universidades amazónicas como Ikiam y la Estatal Amazónica también reciben recortes relevantes.

Algunas universidades reconocen que no existe margen para ampliar oferta académica o infraestructura, y que en ciertos casos deberán replantear su programación anual.

El Gobierno sostiene que el presupuesto total para educación superior aumenta cerca de USD 58,7 millones, si se consideran fondos de gratuidad, inversión, funcionamiento y compensaciones.

La narrativa oficial plantea que la redistribución busca eficiencia y corrección de inequidades, priorizando programas estratégicos, optimización de recursos y cumplimiento de nuevas metodologías técnicas de asignación.

Sin embargo, la crítica de expertos se centra en que un aumento global no garantiza estabilidad institucional si las universidades con menos capacidad de autofinanciamiento son las más afectadas.

Para analistas, este modelo de redistribución puede profundizar asimetrías preexistentes y castigar a instituciones regionales que atienden a sectores vulnerables.

Reducción de cupos y oferta académica es la principal preocupación de varias instituciones que proyectan no poder ampliar matrícula, y algunas advierten que podrían incluso limitar cupos en carreras de alta demanda.

Además, los programas de becas internas, ayudas de alimentación, residencias y soporte socioeconómico son los primeros en estar en riesgo, según los análisis preliminares dentro de la academia.

Los recortes afectan fondos para laboratorios, proyectos de innovación, convocatorias internas, publicaciones y participación en conferencias. Para universidades amazónicas y regionales -que realizan investigación sobre biodiversidad, territorios y culturas- la afectación puede ser crítica.

Instituciones con edificios antiguos, laboratorios deteriorados o necesidad de ampliación tendrán dificultades para cumplir con estándares mínimos sin afectar la calidad educativa.

Las universidades pequeñas o comunitarias pueden enfrentar un escenario de vulnerabilidad extrema, mientras que otras mantienen o aumentan su asignación. Esto podría generar un sistema universitario a dos velocidades.

Colectivos universitarios han organizado movilizaciones, exigiendo transparencia, revisión del modelo de asignación y la garantía de la gratuidad real. Alertan que el recorte podría traducirse en menos acceso para población de bajos ingresos.

Varias autoridades universitarias han solicitado mesas técnicas con el Gobierno, argumentando que una redistribución sin criterios universitarios claros puede afectar la planificación de largo plazo.

De su lado, la bancada oficialista ha defendido la proforma aprobada, destacando el aumento global del sector. Sectores de la oposición cuestionan la metodología usada para reducir fondos a instituciones que históricamente han sido subfinanciadas.

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El 2026 será un año decisivo. A nivel técnico, las universidades deberán ajustar sus POA, prioridades académicas y planificaciones financieras.

A nivel político, el debate continuará en torno a si el país debe adoptar un sistema de financiamiento que reconozca de forma más clara la diversidad institucional: desde universidades interculturales hasta centros tecnológicos y de investigación avanzada.

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Para el sistema universitario ecuatoriano, y para más de 300 mil estudiantes que dependen de él, la discusión abierta hoy no solo trata de números, sino del modelo de país que quiere construirse: uno con educación pública fortalecida y equitativa, o uno que corra el riesgo de profundizar brechas sociales y territoriales.