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La Cámara de Minería del Ecuador sostiene que el sector es un pilar clave para el crecimiento económico, por lo que el Gobierno deberá garantizar cuatro aspectos para su desarrollo.
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Mina subterránea Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe. ( )
En los últimos cuatro años, el sector minero ha jugado un papel clave en el crecimiento económico del país. Hoy, es el cuarto rubro de exportaciones nacionales y el tercero de envíos no petroleros, únicamente por detrás del camarón y el banano. A pesar de ello, enfrenta crecientes riesgos políticos, jurídicos y sociales que obstaculizan su desempeño, según el criterio de la Cámara de Minería del Ecuador.
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María Eulalia Silva, presidenta del organismo, explicó a Ecuavisa.com que actualmente hay cuatro condiciones y/o garantías que se requieren para continuar:
Estas se deberán resolver durante el año y medio de gobierno de Daniel Noboa, quien a decir de Silva, "cree en una minería responsable y bien hecha".
En diálogos durante la campaña electoral, el futuro Mandatario ya habló sobre su propósito de frenar a la minería ilegal y su determinación por traer inversión extranjera al país.
La minería como la herramienta para estabilizar la economía
Los efectos del fenómeno de El Niño y el fin de la producción petrolera en el Bloque-43 ITT, tras la consulta popular, se advierten en las proyecciones de crecimiento económico del Banco Central del Ecuador (BCE). En la última actualización se prevé que el país crecerá el 1,5% hasta finales de este año y apenas el 0,8% en 2024.
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Es por eso que la Cámara de Industrias, Producción y Empleo y la Cámara de Minería del Ecuador sostienen que el país requiere un crecimiento más dinámico y sostenido que es posible con la minería legal.
Silva recuerda que el sector minero es uno de los que más crece y más inversiones atrae. Entre 2018 y 2022, los ingresos por exportación de minerales se multiplicaron por diez; en 2022, se registraron USD 2 775 millones, en comparación a los 260 millones generados en 2018 por la minería artesanal.
Además, permite el desarrollo local al llegar a sitios remotos donde hay poca presencia del Estado. En términos de empleo, hasta el primer trimestre de 2023, la minería generó 46 028 puestos directos y 126 085 indirectos.
La minería legal, además, paga impuestos. El Ministerio de Energía y Minas expuso que entre enero y mayo de 2023, USD 465 millones se recaudaron en impuestos sectoriales y generales por concepto de patentes de conservación, regalías, utilidades, impuesto a la renta, IVA, entre otros.
"Zamora Chinchipe, donde se asientan las dos minas a gran escala del país, es la única provincia que ha podido decrecer en 13 puntos los índices de pobreza. Lo hizo entre 2019 y 2021 y en 2022 se mantiene", destacó Silva.
La estabilidad jurídica es esencial
María Eulalia Silva explicó que la minería legal está reconocida y regulada por la ley ecuatoriana. Por eso cumple con la normativa administrativa, técnica, laboral, ambiental y social. Sin embargo, la oposición a la actividad ha hecho que numerosos proyectos paren y que la inversión extranjera deje de llegar.
Debido a la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, más de 176 proyectos de todos los sectores productivos y proyectos públicos no pueden avanzar en la obtención de las Licencias Ambientales.
En este grupo se incluyen hospitales, plantas de tratamientos de agua, proyectos de transmisión de energía, camaroneras, haciendas turísticas y más. Más de USD 2 mil millones en inversiones estaban previstos en estos proyectos.
"El futuro del país no puede estar condicionado a consultas populares y decisiones judiciales impulsadas por ciertos sectores que no representan a la totalidad de la población, y menos aún a las zonas que más necesitan esos ingresos", sostuvo la Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.
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Los proyectos mineros Curipamba, en Bolívar, y La Plata, en Cotopaxi, están paralizados debido a la falta de licencias ambientales. En el caso del proyecto Loma Larga, en Azuay, la decisión de la Corte Provincial de Justicia quedó suspendida hasta aplicar la Consulta Previa, y posteriormente la Consulta Ambiental.
La minería ilegal avanza
Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el avance de la minería ilegal es alarmante. A la fecha, se han identificado campamentos en 17 de las 24 provincias del país.
La prohibición de las actividades mineras legales y formales no acabará con la explotación de los recursos, sino que incrementa la minería ilegal. Esto, a criterio de la Cámara de Minería, también aumenta los delitos conexos, como el tráfico de personas y de especies, la tala ilegal, el narcotráfico, la contaminación de los suelos y el agua, entre otros.
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