El proyecto de Ley contra la Economía Criminal ya tiene fecha para el primer debate en la Asamblea Nacional

El proyecto de Ley contra la Economía Criminal tendrá su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional este viernes 30 de mayo a las 09:00, anticipó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN).

Para el martes 27 de mayo está previsto que la Comisión apruebe el informe para el primer debate.

Centeno sostiene que uno de los "artículos más importantes" en esta propuesta es que las empresas que donen equipamiento para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas podrán tener un descuento de hasta el 30 % en el impuesto a la renta.

Desde la mañana de este lunes 26 de mayo, la Comisión de Desarrollo Económico, que tiene mayoría oficialista, recibió las comparecencias de representantes de cámaras de industrias, policías y dos abogados penalistas: Stalin Raza y Felipe Rodríguez.

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El jurista Rodríguez coincidió en que es necesario tener un marco jurídico específico para combatir a la delincuencia organizada. Por ejemplo, destacó que se califique como delito el simple hecho de pertenecer a un banda delictiva. "¿Cuál es la parte que hay que tener cuidado? El que califica a la organización criminal y quiénes son los miembros. Eso ya es tarea legislativa y ahí sí les lanzo la pelotita. Pero este trabajo se lo tiene que hacer y hay que empezar por algún lado", explicó.

También sugirió que la instrucción fiscal sea de 90 y no de 30 días, porque en ese lapso se podrán recopilar más pruebas para condenar al criminal. "Si ustedes quieren tener sentencias contundentes contra criminales, respeten sus derechos y eso se hace condenándoles con estándar de pruebas y así no podrán decir que fueron mal condenados".

Entre los artículos que pueden rayar en lo inconstitucional señaló el de la prisión preventiva obligatoria para los delincuentes.

El presidente Daniel Noboa envió el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno a la Asamblea con el carácter económico urgente, por lo que el Parlamento tiene máximo 30 días para tratarlo.

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