15 ago 2023 , 20:17

Un funcionario del Ministerio de Gobierno fue despedido tras conocerse reunión en donde se planeaba boicotear un concurso de seguros de Petroecuador

Un audio reveló que un funcionario del Ministerio del Gobierno participó en una reunión donde se planeaba boicoitear un concurso de seguros de Petroecuador.

Un audio reveló una reunión en donde se ofreció pagar una gran suma de dinero para dar de baja al concurso para el seguro total de los bienes de Petroecuador.

Esta licitación, iniciada el 31 de julio, tiene el objetivo de acordar una póliza de seguros de todo tipo para la empresa petrolera, como riesgos relacionados al crudo, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima.

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Se trata de un contrato de 99 millones de dólares que se estima sea adjudicado el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, después de un par de días de convocarse el concurso, se realizó un encuentro el 2 de agosto entre 4 personas en una cafetería de Quito sobre este tema.

Allí estuvieron Alejandro Egas Aguilera, funcionario del Ministerio de Gobierno; y los abogados Paúl Aúz Jarrín, David Chávez, y Pablo Arosemena Mármol, representante de una empresa de seguros.

Imagen de los cuatro involucrados en la reunión que pretendía boicotear el concurso de seguros de Petroecuador.
Imagen de los cuatro involucrados en la reunión que pretendía boicotear el concurso de seguros de Petroecuador. ( )

Durante la conversación, que fue grabada por uno de los asistentes a esta reunión, Arosemena Mármol expresó que ellos querían saber si "este proceso que va a salir estaba viciado o no". Agregó que quería que le "pidan una extensión (...) que se caiga el proceso".

Un costo alto para boicotear el concurso

Ellos decían que una gestión encaminada a boicotear el concurso tenía un costo. Los implicados en este encuentro querían que quede claro estaban dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero para conseguirlo.

"Estamos alrededor de dos millones de dólares al año, como son dos años, son 4 millones de dólares. Más o menos esos son los números que se manejan, pero te estoy hablando de todos los involucrados", dijo Arosemena.

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La seriedad de este diálogo se dejó en claro al establecerse que se pagaría un adelanto del 25 o del 30% para boicotear este concurso, cantidad que superaría el millón de dólares.

El mismo día de esta reunión, el 2 de agosto, fue remitido un oficio a Vanesa Centeno, directora general del Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP), exponiendo las razones por las que un consorcio del seguros considera que se debe dar de baja el concurso.

Existía autorización de la Contraloría para avalar el concurso de seguros

Imagen del edificio de la Contraloría General del Estado.
Imagen del edificio de la Contraloría General del Estado. ( )

El 3 de agosto fue enviado otro comunicado al presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCOEP), Jorge Benavides, consultándole si avalaba el concurso, pese a que la Contraloría General del Estado (CGE) había señalado que primero debía realizarse una actualización de la valoración de todos los activos de Petroecuador.

Tales documentos no mencionaban que la CGE ya había emitido, el pasado 26 de julio, un informe de pertinencia y favorabilidad dando luz verde a que se inicie el proceso de contratación del seguro de todo riesgo petrolero para la empresa estatal.

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Debido a la divulgación de los audios, la Secretaría de Comunicación informó que fue removido de su cargo el funcionario del Ministerio de Gobierno involucrado. Además, puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la noticia de este hecho para que realice la investigación correspondiente.

Mientras tanto, Petroecuador señala que el proceso se mantiene en firme y cumpliendo el cronograma establecido.

La aseguradora implicada en esta reunión indicó a Televistazo que Pablo Arosemena Mármol es su empleado y que rechazan la autenticidad del audio de 48 minutos que registra todo el diálogo de este encuentro.

Reconocieron que esta congregación si se dio, pero señalan que la intención era encargar el seguimiento y demás acciones legales para denunciar a las autoridades correspondientes las inconsistencias técnicas y jurídicas del proceso de contratación, y que coherentes en sus acciones, decidieron no participar de este concurso.

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