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El presidente electo, apenas posesionado, deberá hacer frente a un déficit que le obligará a acumular deuda, para evitar no pagar sus sueldos del sector público.
Diciembre es uno de los meses más complicados para las cuentas estatales. En ese mes se paga el décimo tercer sueldo, es decir, el gasto en sueldos y salarios se duplica.
Para el gobierno significa destinar algo más de 1 300 millones de dólares para pagar los sueldos de 480 mil funcionarios, tarea difícil cuando, según las cifras oficiales, noviembre empezó con algo menos de 300 millones de dólares en caja.
Ese es el escenario con el que se encontrará el presidente Daniel Noboa apenas se posesione de su cargo la última semana de noviembre.
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La situación se agrava por un aumento en el gasto corriente que suma 1 427 millones de dólares y una caída de ingresos, los petroleros en 43 % y los tributarios en 4 %. Así lo indica Alberto Acosta Burneo, analista económico.
"Aparece un fuerte déficit de 2 600 millones de déficit un año antes, había un déficit de apenas 16 millones, es una situación fiscal tremendamente complicada para el inicio del gobierno".
Solucionar el problema será un reto para Noboa quien ha anunciado que está en busca de un"préstamo puente" que le permita sortear las obligaciones de diciembre y adicionalmente podría ser beneficiario de una preventa de petróleo que lleva adelante Petroecuador.
Además de los sueldos, el gobierno deberá pagar obligaciones por más de 2 000 millones de dólares y los ingresos no alcanzarán.
Hasta septiembre los atrasos con gobiernos seccionales, proveedores y otros compromisos sumaron 1 500 millones de dólares, cifra que posiblemente crecerá en diciembre.
"La prioridad será pagar los sueldos, pero tendrá que seguir retrasándose con la seguridad social a quien no le está pagando desde marzo, seguir atrasado con los gobiernos provinciales, atrasado con los proveedores, es decir una situación de iliquidez que se termina transfiriendo a toda la economía".
El problema puede agravarse si el régimen queda imposibilitado de transferir los recursos a los gobiernos seccionales que en conjunto, en diciembre, deberán pagar sueldos por 150 millones de dólares y que tampoco estarían disponibles hasta el momento.
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