Superintendente de Bancos: los poderes del Estado se enfrentan ¿quién incumplió la Ley?

La novela en la que se ha convertido la elección del Superintendente de Bancos continúa. Por el momento, el escenario pinta así: por un lado la Asamblea posesionó a Raúl González y por otro, el Consejo de Participación sigue el curso para la designación de un nuevo titular.

Es que en este proceso los poderes del Estado se han enfrentado, pero ¿se ha incumplido la Ley? ¿podría existir un escenario en que Ecuador tenga dos Superintendentes? y finalmente, ¿hay salida para este enredo?

Aquí la explicación a detalle.

Recapitulemos. Regresemos al 20 de julio de 2022, fecha en la que el Consejo de Participación Ciudadana designó a Raúl González como Superintendente de Bancos.

Ocho días después de la designación, el 28 de julio, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, aceptó una acción de protección que frenó la posesión de González.

Además, la magistrada decidió que el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, solicite una nueva terna y tramite otra vez el proceso para la designación de esta autoridad.

El constitucionalista André Benavides, explica que presentar una acción de protección ante cualquier resolución no es el problema, pero en este caso la acción sí estuvo mal planteada: "la jueza hace un control sobre la violación o no de derechos constitucionales cuando esa es una facultad del Tribunal Contencioso Administrativo", resalta.

Otro cuestionamiento fue que la jueza esté en Samborondón y no en Quito, donde se lleva el proceso, en ese sentido, el especialista aclara que al ser un tema que surte efectos a nivel nacional cualquier juez es competente, pero destaca que justamente "este tipo de vacíos (en la Ley) han sido utilizados para tratar de direccionar este procedimiento".

La abogada Lorena Grillo coincide. A su criterio, la jueza se excedió en sus facultades. Aunque aclara que por más cuestionable que sea esa decisión, no deja de ser una resolución que debe cumplirse.

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Luego del fallo de la jueza, el pasado 1 de agosto, Hernán Ulloa pidió nueva terna para continuar con la designación. Pero, otra vez, la función judicial apareció como tercer actor en este proceso. El 6 de agosto, un juez de Yaguachi concedió medidas cautelares a favor de Raúl González y dispuso su posesión, por parte de la Asamblea Nacional.

Luego de estar en el centro de la polémica, finalmente, el juez de Yaguachi resolvió desechar las medidas cautelares porque se contradecía con la resolución anterior de la jueza de Samborondón.

Pero las anomalías no terminaron allí. Pese al pronunciamiento judicial de la jueza de Samborondón, el pasado 11 de agosto, la Asamblea Nacional posesionó a Raúl González como superintendente de Bancos.

Así, Benavides resalta que la Asamblea desacató una decisión jurisdiccional, pese que está obligada a cumplirla, "lo que supone como resultado, de acuerdo, al artículo 86 de la Constitución, es inclusive la destitución de los asambleístas".

Entonces, ¿qué pasa con la inmunidad parlamentaria? Según el constitucionalista, la inmunidad solo los protege ante demandas de carácter civil o penal y, no de carácter constitucional.

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Es decir, que sí sería viable la destitución de los 70 asambleístas que votaron a favor de la designación de González. Grillo explica que quien puede pedir la destitución es la misma jueza Ibarra, porque hay un desacato directo a la nulidad que ella expresamente emitió contra la designación de González.

Desde el Gobierno desconocen la designación. El ministro Francisco Jiménez, en un comunicado indicó que "no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe".

Pero para Benavides el proceso para elegir un nuevo superintendente desde su origen ha sido irregular y cuestiona las decisiones del Ejecutivo, "un Gobierno que ni siquiera revisa quiénes son los postulados, si hubiese verificado las inhabilidades que tenía González no lo hubieran puesto en la terna", subraya.

La novela tuvo otro episodio álgido, el pasado 9 de agosto, cuando en un audio filtrado por Teleamazonas se lo escuchó a Aparicio Caicedo, entonces, consejero 'ad honorem' presionar a Raúl González para que renuncie a la terna a superintendente de Bancos. Pese al escándalo, el Ejecutivo no se ha pronunciado.

Mientras tanto, desde la noche del 14 de agosto, cuando el Gobierno desconoció la designación de González, miembros de la Policía rodearon las instalaciones de la Superintendencia en Quito y Guayaquil.

Ninguna es inmediata, de acuerdo al constitucionalista Benavides. El pronunciamiento de la Corte Provincial podría demorar un mes y se traduciría en ratificar la acción de protección o revocarla.

En el primer escenario, la situación no cambiaría radicalmente, solo queda en firme lo que la decidió la jueza anterior; en el segundo caso, quedaría anulada la acción de protección y González asumiría el cargo.

También hay la posibilidad de que este lío desemboque en la Corte Constitucional, mediante una acción extraordinaria de protección, planteada por alguno de los interesados, cuando haya dos Superintendentes de Bancos: uno posesionado por la Asamblea, y otro nombrado por el Cpccs.