Fiscales y jueces en la mira: la crisis de la justicia en Ecuador

Alias Topo ha sido identificado como uno de los hombres de confianza de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el principal cabecilla de Los Choneros, una de las bandas criminales más peligrosas del Ecuador y que fue recapturado el pasado 25 de junio en Montecristi. En la Policía Nacional, el primero es considerado como un objetivo de alto valor porque lidera actividades ilícitas en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, que se ubican en la frontera con Colombia y es la zona de influencia de los Comandos de la Frontera.

Alias Topo fue apresado el pasado 15 de marzo, en el operativo Gran Fénix 15, por presunto tráfico ilícito de armas de fuego en el distrito La Joya de los Sachas. Se le atribuye que lidera redes criminales de minería ilegal, actos de sicariato, extorsiones, secuestros, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y acciones terroristas.

Asimismo, lo investigan por el asesinato del policía Byron Morejón, registrado el 1 de mayo de 2024. En un video que se publicó en redes sociales se observó cómo tres hombres armados dispararon en múltiples ocasiones al uniformado. Luego se conoció que alias Topo fue uno de los sicarios que lo acribilló junto a los otros delincuentes.

La justicia lo sobreseyó de los cargos por la muerte del agente. En lo que respecta al tráfico ilícito de armas de fuego, cuando llegó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el 6 de junio pasado, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de La Joya de los Sachas dictó la Nulidad del proceso. La razón: consideró que existió una desnaturalización de la causa, por lo que revocó la medida cautelar y dispuso la excarcelación de alias Topo e inmediata libertad.

Este tipo de hechos han sido frecuentes en los últimos meses y existe malestar en el Gobierno Nacional. La razón: peligrosos delincuentes salen libres y continúan haciendo de las suyas. En su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que los errores procesales de los operadores de justicia merman el accionar de las fuerzas del orden y se dificulta frenar al crimen organizado.

Según datos de esa Cartera de Estado, desde el 1 de enero hasta el 8 de junio de este año, 25 056 personas han sido detenidas. De ese total, 15 124 recibieron prisión preventiva y a 9 932 les dieron medidas sustitutivas y salieron libres. La mayoría -se explicó en la institución- son peligrosos delincuentes dedicados al secuestro, robo, extorsión, sicariato, entre otros.

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En cuanto a la recurrencia en el cometimiento de ilícitos, 1 009 personas registran dos detenciones, 94 tienen tres arrestos, 11 con cuatro y dos reportan cinco. Por eso, Reimberg anunció en los pasados días que cuando un "delincuente que salga en libertad, voy a decir el nombre del juez y fiscal responsable". Se quejó incluso que quienes ya fueron encarcelados luego vuelven a las calles con el planteamiento de acciones judiciales.

Un ejemplo de esa realidad es el secuestro con muerte de cuatro personas, cuyos cadáveres fueron hallados al interior de una cisterna en Nueva Prosperina, uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil. Entre las víctimas se encontraba la comerciante china Guo Xiudan, de 36 años, cuyo rapto quedó registrado en video. Todos fallecieron por asfixia, tortura y se detectó indicios de ejecución sistemática tras los secuestros que se dieron entre el 29 de mayo y el 6 de junio. Se considera que son una muestra de la "brutalidad con la que operan los grupos de delincuencia organizada".

Previo a estos hechos, la justicia les otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Finalmente, se detuvo a cinco sospechosos el pasado 7 de junio y se conoció que forman parte del grupo criminal Los Tiguerones. "No permitiremos que medidas sustitutivas se conviertan en una puerta giratoria que libera a quienes secuestran, extorsionan, torturan y matan", enfatizó el funcionario.

En los registros de la Policía hay individuos que acumulan múltiples antecedentes desde hace más de 10 años y continúan cometiendo toda clase de delitos porque siguen libres. Uno reporta siete procesos judiciales, desde 2013, por tenencia de estupefacientes, tráfico de armas de fuego, robo, robo calificado, asesinato y tenencia de armas.

Otro posee seis procesos judiciales, desde 2022, por secuestro extorsivo, asesinato, ingreso de artículos prohibidos, ataque o resistencia y porte de armas de fuego. Se trata de objetivos de intermedio y alto valor con múltiples antecedentes penales y procesos de detención en diferentes zonas del Ecuador.

¿Qué estrategias se han implementado para que peligrosos delincuentes no sean liberados? En otros casos -contó Reimberg en el Parlamento- les ha tocado llevar fiscales de otras provincias para evitar la fuga de información y en el camino a las audiencias se les informa sobre la investigación.

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De ahí viene otro problema: el nerviosismo que se produce antes de las audiencias de formulación de cargos o flagrancia porque suele suceder que primero está un juez, luego viene otro y, a veces, llaman a un tercero. También hay problemas con los fiscales. En ese contexto, a los delegados del Ministerio del Interior les toca permanecer varias horas a la espera de que inicien las diligencias.

Otro inconveniente es el abuso de los arrestos domiciliarios. Más de 275 personas han permanecido apresadas en sus viviendas por asesinato, extorsión o secuestro, lo cual provoca que los policías que los custodian corran riesgos. "Tienen que cuidarlos en su casa, en su barrio, rodeados de su gente (...) Uniformados han muerto innecesariamente por esto, solamente por darle el beneficio al delincuente de que vaya a su hogar con arresto (domiciliar)".

Al momento, cerca de 800 policías vigilan a delincuentes en sus viviendas. "En muchos casos, sus familiares no los quieren (a los malandros) con ellos porque son delincuentes. Nosotros tenemos que llevarlos al sistema penitenciario para que los reciban". De igual forma, se abusa de los habeas corpus, una figura legal con la que se busca recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima.

Por otro lado, se ha detectado que, al principio, a los miembros de bandas criminales sí les dictaron prisión preventiva, pero al momento de hacer la audiencia de revisión de medidas, quedan nuevamente en libertad, pero esto se lo hace en silencio y sin llamar la atención ante la opinión pública.

En lo que va de 2025 -según el Ministerio del Interior- se ha detectado la destrucción o exclusión de evidencias claves en las investigaciones, relaciones comprobadas entre los grupos de delincuencia organizada con jueces y actores políticos. Y otorgamiento de medidas sustitutivas a reincidentes violentos.

También hay tres casos que son considerados clave:

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Para Manuel Guartán, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador, la Constitución es muy permisiva (garantista) para que jueces y fiscales puedan ser permeables a la corrupción. Además, afirma que el Consejo de la Judicatura (CJ) no ha realizado un buen trabajo, debido a que en varios años, no se han agilizado los concursos y renovar cuadros. Dejó a un lado el derecho a que hagan carrera judicial los mejores empleados y funcionarios con base en una correcta evaluación y puedan ascender.

A su criterio, la Dirección de Control Disciplinario de la Judicatura no funciona. "No hay razón de que exista el CJ. Existe mucha desidia en la administración de justicia".

Considera que la Constitución debe reformarse y es necesario que la Fiscalía se convierta en un ente autónomo, incluso en lo administrativo y financiero. "Solo así podrá convertirse en un verdadero investigador y podrá garantizar".

Paúl Ocaña es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Afirma que es exagerado mostrar los nombres de los funcionarios judiciales que han cometido faltas, pues debe existir un debido proceso y para eso hay los sumarios administrativos en contra los servidores que son dirigidos por el Consejo de la Judicatura.

Cuando hay delitos ya interviene la Fiscalía General y si se establece una culpabilidad se emiten sanciones. "Caso contrario, se estaría violentando el principio de inocencia".

A su juicio, al interior de la Función Judicial se debe implementar un proceso de depuración e identificar a los malos elementos que han contribuido a la corrupción. Ha faltado ética y moral, por lo cual es muy importante sacar a los malos elementos.

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El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, también compareció ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Expuso la grave situación por la que atraviesa la Función Judicial y la afectación al servicio ciudadano.

Enfatizó que la falta de jueces y fiscales, la infraestructura en mal estado, la falta de tecnología, el déficit presupuestario y la carencia de insumos han dejado a más del 50 % de las unidades judiciales en estado “crítico” o en “alerta”. “Décadas de abandono, corrupción sistémica y la infiltración de redes criminales han erosionado la confianza pública y la institucionalidad”.

Hay un déficit de 753 jueces en todas las materias. La mayor afectación está en los juzgados de lo Civil, los cuales requieren 232 juzgadores. En lo Penal se necesitan 175 adicionales.

En la Judicatura se indicó que seguirá con la depuración. Por ello, plantea reformas al Reglamento de la Potestad Disciplinaria. Se propone, por ejemplo, dar continuidad a los procesos disciplinarios relacionados con funcionarios que ya han renunciado a sus cargos. En la práctica, esto ya se aplica, pero no está normado.

En casos de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, se plantea que se desarrolle una audiencia pública, a solicitud de los servidores sumariados. De esta forma, se otorgará al proceso una dimensión oral y contradictoria no prevista en el reglamento.

Cifras a las que accedió Ecuavisa.com refieren que en 2024 se abrieron 2096 investigaciones en contra de servidores judiciales, a escala nacional. En lo que va de 2025 son 653 (ver tabla). Asimismo, el año pasado se destituyeron 102 funcionarios judiciales (jueces, fiscales, secretarios y otros) y en este suman 32 hasta la fecha.

En el CJ se indicó que la depuración ha tenido un mayor impulso desde julio de 2024, bajo la gestión de Godoy, quien ha dispuesto acciones para fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema judicial y así combatir la corrupción y al crimen organizado.

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¿Qué se va a hacer desde el CJ para que no se repitan los casos de malos funcionarios judiciales? ¿Se implementarán pruebas del polígrafo? La principal herramienta para prevenir y sancionar los casos de malos funcionarios judiciales -indicó la entidad- es el ejercicio riguroso y transparente de su potestad disciplinaria.

Se han implementado acciones concretas para fortalecer la lucha contra la corrupción en la Función Judicial y prevenir conductas irregulares por parte de los servidores judiciales. En casos emblemáticos como Metástasis, Plaga y Purga, se destituyó a servidores judiciales vinculados con corrupción.

Además, por primera vez, el sistema judicial ecuatoriano inició la implementación progresiva de la Norma ISO 37001 que contempla la aplicación de estándares internacionales para prevenir, detectar y erradicar los actos de soborno y corrupción, promoviendo la transparencia y enfrentando la corrupción en la Función Judicial.

Inicialmente, la norma se aplicará en dos procesos de incidencia: sorteo de causas y procesos disciplinarios. Asimismo, la actual administración ha desplegado una estrategia nacional para investigar y detectar casos relacionados con el archivo irregular de expedientes disciplinarios.

En Guayas, Manabí y Pastaza se han detectado irregularidades relacionadas con este tema y se han dispuesto acciones para identificar y sancionar. De forma continua se realizan capacitaciones y cursos de formación en ética, probidad y transparencia.

En lo relacionado con una eventual aplicación de la prueba del polígrafo, no se pueden aplicar este tipo de evaluaciones porque no están reglamentadas. Para los futuros concursos públicos de merecimientos y oposición, la Dirección Nacional de Talento Humano, en el ámbito de sus competencias, trabaja en un proyecto para reglamentar los denominados exámenes de confianza y para esto, se busca asistencia técnica nacional e internacional.

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