Caso Triple A: Así es la trama en la que se busca vincular al alcalde de Guayaquil

En menos de una semana, un juez fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos y vinculación contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el denominado caso Triple A. Será el 5 de marzo del 2025 y hasta se transmitirá por YouTube, según consta en el expediente judicial.

La Fiscalía indaga el presunto delito de distribución ilegal de combustible en zonas fronterizas. La diligencia será 14 días después de que se allanaran cinco estaciones de servicio ubicadas en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

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En los allanamientos, las autoridades revisaron documentos y dispositivos electrónicos. La información recabada aún no ha sido publicada dentro del proceso judicial.

La Fiscalía busca formular cargos a Aquiles Álvarez y a nueve personas más. En diciembre del 2024, se procesó a cinco personas naturales -entre ellas familiares del alcalde de Guayaquil- y cinco empresas. Esto luego de varias audiencias fallidas por distintos motivos. Desde entonces, inició la instrucción fiscal del caso.

Las autoridades iniciaron la investigación en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas. Para ello, se recopilaron informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Dentro de la audiencia de formulación de cargos inicial, se menciona tres contratos que habría firmado Aquiles Álvarez en 2021 y 2022, cuando era presidente de Copedesa S.A. con tres estaciones.

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Las investigaciones del caso determinaron que algunas estaciones de servicio supuestamente vendieron más galones de diésel que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados. Los despachos se habrían hecho en 2023, según se detalla el expediente.

Una de las entidades investigadas es Fuelcorp. S.A., que habría comprado 2'436 985 galones de combustible presuntamente adquiridos a cuatro sujetos pasivos distintos a Copedesa S.A durante 2023.

Según el acta de audiencia de diciembre del 2024 que revisó Ecuavisa.com, se detalla que Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. "habría comercializado combustible sin la debida autorización a Fuelcorp". Aquí se mencionó al Aquiles Álvarez y a sus hermanos. Supuestamente, el ilícito consistía en usar las compañías señaladas para comprar diésel con subsidio, que debía ser vendido en el segmento automotriz, industrial o naviero.

Entre las presuntas transacciones irregulares que se indagan, la de una estación de servicio ubicada en El Pangui, Zamora Chinchipe, cuyo representante legal es Raúl Z.O. Él supuestamente suscribió un contrato en septiembre del 2021 con Aquiles Álvarez, que en ese entonces era presidente de Copedesa.

Según un informe de la ARCH que se cita, la estación de servicio tenía capacidad nominal para 10 000 galones de diésel, 10 000 para Ecopaís y 6 000 para Súper.

Supuestamente, Copedesa facturó entre 2023 y 2024 a Raúl Z.O. USD 11 535 millones, entre diésel premium y gasolina. Según el análisis de Fiscalía, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, los USD 10 198 millones equivalen a algo más de siete millones de galones de diésel. Sin embargo, cita el documento, la estación habría comprado 371 305 galones mensuales en 19 meses a Copedesa, pese a tener capacidad para almacenar 10 288 galones.

Al fiscal del caso, le llamó la atención que la estación está ubicada en la frontera sur, cerca a la zona minera del proyecto Mirador. También se revisó el detalle de ventas y retenciones reportadas al SRI, donde supuestamente se evidenciaría que el "diésel subsidiado del segmento automotriz fue vendido a varios consumidores para el segmento industrial". Además, se especifica un informe de la UAFE donde indican que no observaron pagos de Raúl Z.O., a Copedesa, que era su mayor proveedor en 2023.

Otro contrato investigado es uno de marzo del 2022, firmado también por Aquiles Álvarez en ese entonces, en calidad de presidente de Copedesa con Fausto V.G., propietario de una estación de servicio ubicada en el cantón Espíndola, en Loja, cerca a la frontera sur.

Dicha estación, tiene tres tanques de almacenamiento, uno de ellos para diésel premium con capacidad de 10 387 galones. Además, habría comprado 419 830 galones de diésel a Copedesa por USD 607 457.

Según la información de la UAFE que se detalla, el propietario de la estación de servicio registró ser cliente de Copedesa entre 2023 y 2024 por USD 1 377 millones. Sin embargo, la entidad supuestamente no observó ningún pago registrado.

Así mismo, entre otros contratos, se investigó uno de noviembre del 2022 también entre Aquiles Álvarez como presidente de Copedesa y Juan A. S, representante de una estación de servicio ubicada en Machala, El Oro.

Aunque no detalla volúmenes de compra, el expediente indica que Copedesa fue proveedora en 2024 por USD 3 089 millones y supuestamente no se observaron pagos realizados.

El documento especifica también - entre otras cosas- que José C.A., exgerente de Fuelcorp y actual accionista, presuntamente "conocía la comercialización irregular de combustible entre Fuelcorp y las compañías reportadas por el SRI". De él, se detalla además que fue funcionario público de 2015 a 2021 en algunas entidades, entre ellas la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH).

Los contratos que habría firmado Aquiles Álvarez ocurrieron antes que fuera elegido como Alcalde de Guayaquil. Por eso, cuando se solicitó la fecha para la audiencia de formulación de cargos y vinculación en su contra, el juez anticorrupción pidió a la Fiscalía que aclare si tenía o no fuero y si el delito por el cual se le pretende vincular está relacionado con su cargo.

Según el Código de la Función Judicial, Álvarez goza de fuero de Corte Provincial, lo que implica que su proceso debe ser llevado por el fiscal provincial. Tras conocer el pedido de vinculación, el Alcalde presentó un escrito en el que cuestionó la objetividad de la Fiscalía y afirmó que no hay pruebas que lo relacionen con el delito.

El 25 de febrero, el juez de la causa determinó que Aquiles Álvarez no cuenta con fuero de Corte Provincial, porque la investigación contra él se produce por actividades fuera del ejercicio de su cargo y fijó fecha.

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