Adolescentes: el blanco fácil del reclutamiento de bandas criminales en Ecuador

La ola de violencia que enfrenta Ecuador es también protagonizada por adolescentes. El pasado 3 de junio se conoció que Alias 'Ñorqui', implicado en el asesinato del presentador Efraín Ruales, salió del centro de rehabilitación para menores y esta bajo arresto domiciliario. 'Ñorqui' tiene 17 años.

Él es uno de los jóvenes que forma parte de las cifras de la Fiscalía Especializada de Adolescentes Infractores que desde el 2014 hasta marzo de 2021 ha registrado 576 menores como autores materiales de asesinatos.

Para Sybel Martínez, especialista en Derechos Humanos y directora del Grupo Rescate Escolar, no se trata de un número menor, ni de una acción que se comete de un momento a otro, "hablamos de adolescentes preparados para delinquir, reclutados desde temprana edad, la gran mayoría desde los 12 años", y agrega que empiezan con tareas como: robo, tráfico de drogas, aprenden a manejar y finalmente se convierten en 'gatilleros'.

Así, entre asesinatos y homicidios la cifra llega a 855. De hecho, a pesar de la pandemia la tendencia se mantuvo y se registraron 66 asesinatos perpetrados por adolescentes; la misma cifra que en 2019.

Si se desglosan los datos por provincias: Guayas es la zona roja del mapa. Allí se dieron más del 30% de los asesinatos perpetrados por menores, seguido por Esmeraldas y Pichincha.

Reclutados por bandas criminales

"Contratan y contactan a menores de edad porque les dan una ventaja a la hora de delinquir; se benefician del régimen especial previsto para adolescentes infractores que impiden que sean juzgados como adultos", señala Martínez y agrega que son medidas bajo estándares internacionales.

El artículo 331 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que la detención del menor no podrá exceder de 90 días. Y cuando sea sentenciado el art. 322 expone que el cumplimiento de la privación de libertad, se hará en centros especializados separados de los adultos. En el país existen 11.

Martínez destaca que el agravamiento de penas no es una salida. "No es un justificativo para que sean juzgados como adultos, porque quien está fallando no es el adolescente, sino el Estado". Así se convierten en víctimas de un sistema fallido.

Las causas

Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se debe al despliegue del crimen organizado en el país, "hemos visto un repunte y reaparición del sicariato, y ese fenómeno incluye a los menores de edad", manifiesta.

Pero señala que el telón de fondo es la desigualdad social. De acuerdo a Unicef 3.1 millones de niños cayeron en pobreza multidimensional para finales de 2020. Así enfrentan mayores privaciones en educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y protección social.

¿Hay salida?

Muchos retos. Aunque la situación amerita respuestas urgentes, los efectos de una aplicación de política pública no son inmediatos, destaca Navarrete, por ello dice que se deben generar políticas integrales. Además, afirma que potenciar el trabajo de la policía comunitaria es clave.

¿Y el Estado? Navarrete expone que entre la sociedad civil y el Gobierno ha habido un divorcio en los últimos años. Por eso, recuperar la cooperación entre ambos frentes es fundamental para atajar la expansión del crimen organizado y el abandono en sectores pobres.